La ONG se hizo eco en un informe divulgado ayer de siete casos de derribos a gran escala con explosivos y excavadoras, que podrían ser "castigos intencionados contra la población civil o para causar un daño desproporcionado a los civiles", ya que no sirvieron a ningún propósito militar.
Entre julio de 2012 y julio de 2013, las autoridades demolieron una superficie de al menos 140 hectáreas, equivalente a doscientas canchas de fútbol, en los barrios de Al Masha, Al Arbin y Uadi al Yuz, en Hama; y en Qabun, Al Tadamun, Barze, Harran al Auamid y las inmediaciones del aeropuerto militar de Meze, en Damasco.
HRW destacó que muchas de las viviendas destruidas eran edificios de varias plantas, con lo que miles de familias perdieron sus hogares en esos barrios, considerados bastiones de la oposición.
Según responsables del régimen de Bashar al Asad y medios de comunicación leales al régimen, las demoliciones son parte de proyectos de planificación urbana o bien para terminar con construcciones ilegales. Sin embargo, aseguró HRW, los derribos fueron supervisados por el Ejército y, en ocasiones, se produjeron después de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los opositores.
En ese sentido, la organización subrayó que no se han registrado demoliciones similares en zonas progubernamentales.
Una mujer, residente cerca de Uadi al Yuz, uno de los distritos afectados, dijo a HRW que tras las demoliciones las Fuerzas Armadas llegaron al barrio y advirtieron a la población con altavoces de que destruirían el lugar como habían hecho con otras áreas si una sola bala se disparaba desde allí.
Varios dueños de casas destruidas señalaron a la ONG que, al contrario de lo que afirma el Gobierno, sus viviendas disponían de todos los permisos y documentos exigidos por las autoridades. Además, se quejaron de que las fuerzas del régimen no les avisaron sobre las medidas que iban a tomar, por lo que les fue imposible llevarse sus pertenencias. Tampoco recibieron ningún tipo de indemnización.
En declaraciones a un periodista extranjero en octubre de 2012, el gobernador de la periferia de Damasco, Husein Majluf, reconoció que las demoliciones eran esenciales para expulsar a los combatientes de la oposición.
Para el investigador de Emergencias de HRW Ole Solvang, "eliminar vecindarios enteros del mapa no es una táctica de guerra legítima".
"Nadie debe dejarse engañar por las afirmaciones del Gobierno de que está llevando a cabo una plan de urbanismo en medio de un conflicto sangriento -apuntó Solvang-. Esto fue un castigo colectivo contra comunidades sospechosas de respaldar la rebelión".
HRW hizo un llamamiento para que el régimen de Al Asad se comprometa a detener de inmediato los derribos, "que violan la ley internacional", y a compensar a los afectados, en el marco de las negociaciones en curso con la oposición, con mediación internacional.
Asimismo, consideró que el Consejo de Seguridad de la ONU debería trasladar el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.
Estas revelaciones surgen poco después de que una investigación internacional, patrocinada por el Gobierno de Qatar (aliado de los rebeldes), indicara que al menos 11.000 presos políticos murieron en las cárceles del régimen sometidos a torturas y todo tipo de vejámenes. El informe se basó en 55.000 fotografías reveladoras de la brutalidad ejercida por los carceleros.
Asimismo, la ONU ha acusado reiteradamente a las tropas del Gobierno y a los rebeldes de haber perpetrado crímenes de guerra, lo que incluye el uso de armas químicas contra civiles.
Por otra parte, la primera ronda de encuentros cara a cara entre altos funcionarios del régimen y representantes de la oposición armada finalizará hoy en Ginebra después de una semana de reproches y desconfianza mutua, sin resultados visibles, pero con la promesa de ambas partes de que volverán a encontrarse en unos días.
Durante esta semana de negociaciones, ninguna tregua explícita ni implícita fue posible y se registraron bombardeos sobre Alepo, al mismo tiempo que continuó el cerco a localidades con población civil, impidiendo que reciban ayuda de organizaciones humanitarias.
La única noticia positiva provino ayer del campo de refugiados palestinos de Yarmuk, al sur de Damasco, donde cerca de 20.000 personas llevaban meses sin recibir ninguna asistencia por el asedio militar, y donde ayer a la tarde empezó la distribución de ayuda, según confirmó el mediador para el proceso de paz, Lajdar Brahimi. En cambio, el bloqueo se mantiene sobre el casco antiguo de la ciudad de Homs, donde están puestos los ojos de todos desde que el domingo el Gobierno sirio, a través de su delegación negociadora, prometiera que dejaría salir a mujeres y niños, y que luego entraría la ayuda de emergencia que la ONU tiene preparada.
| Agencias EFE, AFP y ANSA, y Ámbito Financiero |
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