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Admitió De Vido que Larosa trabajó en su ministerio
El ministro de Planificación, fastidiado actualmente por el alud de acusaciones que rondan las relaciones comerciales con Venezuela, aclaró ayer que el asesor legislativo del diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, y del senador del ARI por Tierra del Fuego, José Carlos Martínez, había tenido en su cartera sólo un contrato temporal, para colaborar en el proyecto «Esquema de Inversión y Financiamiento para Obras de Infraestructura».
El ministro también precisó que «las tareas desarrolladas por Larosa eran de carácter técnico» y detalló que «ingresaba al ministerio por las vías normales», sin que el organismo «le concediera llaves a oficinas ajenas a la asignada para sus tareas». Los detalles podrían parecer excesivos en cualquier caso menos en éste: una de las prueba que más complicaría la situación procesal de Larosa es que se lo habría encontrado con un manojo de llaves pertenecientes al Ministerio de Economía.
El comunicado de De Vido se conoció luego de que el diputado de Proyecto Sur asegurara que su asesor ad honorem también había trabajado para Planificación. Lozano fustigó al oficialismo al destacar que «estamos en el marco de una payasada absoluta. La información pública es retaceada permanentemente por los funcionarios, entre una oficina y otra. Por esa razón, Julio De Vido termina pidiendo la asistencia de Larosa, a pesar de ser un funcionario del propio Gobierno».
Nuevo matiz
El descubrimiento le agregó un matiz más a una causa que ya muestra aristas complejas y de alto contenido político: el Gobierno también podría verse afectado con el exorcismo informativo que inició el Ministerio de Economía, al detectar las andanzas de Larosa en la cartera. Hasta el momento, la novelesca detención del asesor económico de la CTA -encontrado en el despacho del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, dos viernes atrás a última hora- había afectado a diputados opositores y consultores críticos del Gobierno, cuyas oficinas fueron allanadas durante todo el lunes pasado. El juez federal Claudio Bonadío ordenó estos operativos a raíz de unas facturas y tarjetas personales encontradas en el allanamiento que se realizó en la casa de Larosa el miércoles pasado. Poco se sabe de las pruebas obtenidas durante los prolongados operativos del lunes, ya que la causa está en secreto de sumario. Pero, por si acaso, los consultores allanados ya salieron ayer a defenderse.
El economista Carlos Melconian, titular de M&S, admitió ayer en declaraciones radiales que conoce a Larosa desde hace veinte años, pero aclaró que de su consultora «nunca salió información».
Si bien se espera que se cite a declarar a los titulares de las consultoras allanadas, por el momento los investigadores del caso se van a concentrar en el análisis de las pruebas. Lo central es determinar qué buscaba Larosa en el despacho de Rigo y para qué. Por eso, la causa mantiene momentáneamente la ambigua carátula de «delito de acción pública»,
