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AFIP desbarató asociación ilícita que ocultaba ventas agrícolas

Una investigación realizada por la AFIP iniciada en julio de 2009 terminó con la detención de tres personas que integraban una organización dedicada a la generación de empresas fantasma, con el fin de blanquear las operaciones marginales de producciones agrícolas.
Según cálculos preliminares realizados por el fisco, se habrían canalizado operaciones por un valor superior a $ 600 millones, equivalente a unas 800.000 toneladas de soja, indicó la AFIP en un comunicado.
Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba.
Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.
«Los detenidos son Carlos Conte, de 40 años, que fue arrestado en un estudio contable de Alta Córdoba; Miguel Ángel Seri, de 50 años, detenido en el Country Lomas de la Carolina, y Luciano Salvucci, de 35 años», precisó el organismo tributario.
Los tres apresados y una docena de allanamientos realizados en Villa María, Camilo Aldao, Bell Ville, Oncativo y Manfredi fueron dispuestos por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del doctor Mario Eugenio Garzón.
«Las empresas fantasma con las que operaban son: Rocerco SRL; JH SRL; Cooperativa Agrícola Ganadera, Forestal y Granjera Unión LTD; y Corcecam SRL», precisó la AFIP.
La maniobra diseñada para ocultar a los reales productores de granos incluía a «prestanombres» y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas.
Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de carpetas de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos dueños, quienes no tributan impuesto alguno al fisco.
Otra maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como «venta de facturas truchas», la que se complementaba con el «servicio» de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la ley antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes), indicó la AFIP.


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