Agenda económica desluce a la judicial ante Asamblea

Después de dos años consecutivos de generar expectativas por los anuncios de la agenda judicial, la coyuntura económica -el acuerdo con el FMI y la inestabilidad que le agrega la guerra- desplazó cualquier interés en iniciativas referidas a la Justicia en la apertura de sesiones ordinarias. Cierto es que la acumulación de frustraciones por proyectos e iniciativas oficiales anunciados en el marco de la Asamblea Legislativa en 2020 y 2021 colaboran para descreer de que proyectos de ley puedan atravesar el tamiz de las relaciones de fuerza en el Congreso y se transformen en prioritarias.

El único tema que aparece en el radar fue forzado por el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura. El proyecto del oficialismo, que se conjuga con otros varios presentados por la oposición y por actores de la sociedad civil estaba previsto para las sesiones extraordinarias de febrero. No hubo noticias ni de ese tema ni de otros que estaban enlistados en el temario con el que convocó la Casa Rosada. En ambas cámaras del Congreso ven con mucha dificultad llegar al due date que fijó la Corte para que el 16 de abril haya riesgo de parate.

Empantanada (pero vigente) sigue la intención del presidente Alberto Fernández de proponer como procurador general al juez federal Daniel Rafecas y con sanción del Senado quedó casi en la prehistoria la idea de una reforma judicial que terminó convirtiendose en un festival de multiplicación de estructuras en la Justicia federal que se desinfló mientras estaba en discusión. Casi nadie lo recuerda. El diagnóstico expresado por el Presidente sobre la situación de “crisis” que atravesaría el Poder Judicial no tendría modificaciones desde ese cariz.

Que solo una porción del universo de magistrados paguen impuesto a las Ganancias o que la Corte haya quedado en el ojo de las críticas del oficialismo han sido reclamos que se han mantenido constantes en las aperturas de sesiones. ¿Se incluiría alguno de los múltiples proyectos de ampliación de la Corte que Ámbito detalló y cuyos borradores tiene el Presidente a disposición desde hace meses? o ¿podría desempolvarse alguna de las iniciativas propuestas por el Comité de Expertos que discutió varios aspectos relativos a la mejora del sistema de Justicia?

Aquella querella anunciada en el marco de el 1 de marzo contra la toma de deuda del Gobierno de Mauricio Macri tuvo correlato a medias. Si bien se efectivizó y existieron tibios avances investigativos su utilidad no será para presionar un acuerdo con el Fondo, sino para seducir a la tropa propia para que apoye el acuerdo negociado, y que reclama profundizar el escarmiento sobre los tomadores de deuda.

El “control cruzado” que Fernández le reclamó al Congreso cuando describió un panorama de manipulación judicial del Gobierno anterior no terminó de cristalizarse más allá de los esfuerzos de la Bicameral de Inteligencia. Sí podría haber un párrafo a los hallazgos de la actual intervención de la AFI referidos al descontrol de espionaje cruzado que tuvo avances judiciales y se ha terminado por convertir en la marca registrada de la gestión Macri y del experto en pases de futbolistas que colocó al frente, el escribano Gustavo Arribas.

Ni la reforma del Ministerio Público -que se presentó- llegó a buen puerto. Menos las iniciativas anunciadas el año pasado que no vieron la luz: funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte, fijar sus competencias para el análisis de constitucionalidad y de los casos por “arbitrariedad” que recibe, regular el artículo 280, el “Tribunal Federal de Garantías” y la implementación del juicio por jurados para delitos federales graves. Más allá de los anuncios, esta vez, la expectativa es inversamente proporcional a la intensidad.