Ahorro con más ruido que nueces

Madrid - «Si me pongo enfermo, ¿cómo voy a poder ir al médico?». La pregunta se la están haciendo en España muchos de los miles de inmigrantes en situación irregular a los que los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy van a dejar sin la atención sanitaria a la que hasta ahora tenían derecho.

«Con sólo empadronarse, los extranjeros no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria». El anuncio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en una comparecencia en La Moncloa en la que el Ejecutivo conservador detalló el viernes cómo van a distribuir recortes adicionales de 10.000 millones de euros en salud y educación disparó las alarmas.

A partir del 1 de septiembre de este año dejará de servirles la tarjeta sanitaria que hasta ahora podían obtener en España con sólo empadronarse. Quedan menos de cuatro meses. Con esta medida, el Gobierno de Rajoy pretende ahorrar 500 millones de euros.

Según cálculos publicados ayer por el diario El País, unas 150.000 personas quedarán sin acceso a la salud pública. Hace unos años, los afectados habrían sido más, pero la crisis económica en la que España se encuentra sumida desde 2008 ha llevado a muchos inmigrantes, regulares e irregulares, a dejar el país.

«Cuando decimos que la sanidad es universal en España no es para el universo mundo, sino para los españoles y los residentes», dijo ayer el portavoz parlamentario del gobernante Partido Popular (PP), Alfonso Alonso, justificando la decisión frente a las críticas que está recibiendo por parte de la izquierda y de ONG que trabajan con inmigrantes sin papeles.

«Que una persona sin tener la situación regularizada, sin situación legal, sin permiso de residencia y sin pagar impuestos pueda disfrutar del sistema que todos los demás estamos pagando es una situación de fraude», añadió Alonso.

Hasta 2000, la situación era similar a la que el Gobierno de Rajoy va a imponer ahora. Los inmigrantes irregulares no tenían derecho a la misma atención sanitaria de la que gozaban los españoles. Pero en ese año, el Ejecutivo español -entonces también en manos del PP, con José María Aznar en la presidencia del Gobierno- modificó la Ley de Extranjería y permitió a los «sin papeles» acceder a la tarjeta sanitaria con el empadronamiento como único requisito.

Antes del 31 de agosto y para poder acceder a la salud pública, los extranjeros que viven en España tendrán que demostrar su condición de «asegurados», a la que se accede al estar dado de alta en la Seguridad Social. Los inmigrantes sin papeles no lo están.

Serán atendidos de urgencia, eso sí; y también en caso de accidente o maternidad. Los menores de edad serán los únicos de ese sector que accederán a la salud pública igual que los españoles.

Pero cuando un inmigrante adulto sin papeles sufra, por ejemplo, una gripe o una infección urinaria, tendrá que pagarse un médico. Un seguro médico privado, con las prestaciones más básicas, cuesta un mínimo de 20 euros mensuales que no todos tienen.

«No hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada», dijo ayer el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, también del PP.

«Como demuestran todos los trabajos serios que se han asomado a este asunto, la mayor carga relativa de los extranjeros para nuestro sistema de salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos», escribió en su blog en El País Gonzalo Fanjul, reconocido experto en pobreza y desarrollo.

Agencia DPA