AMIA: juez amplió embargo a iraníes por u$s 540 millones

El juez federal de la Capital Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer el embargo de los bienes de ocho acusados iraníes por el atentado cometido contra la sede de la AMIA en 1994 por u$s 540 millones, a solicitud del fiscal Alberto Nisman.
El embargo recayó sobre Alí Akbar Rafsanjani, ex presidente del régimen teocrático de Irán; también sobre su ex ministro de Inteligencia y Seguridad Alí Fallahijan; el ex canciller Alí Akbar Velayati; el ex comandante del cuerpo de elite Guardianes de la Revolución Mohsen Rezai, el ex comandante de la fuerza paramilitar Al Quds Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural iraní en Buenos Aires Mohsen Rabbani, el ex embajador en la Argentina Hadi Soleimanpour y el ex tercer secretario de esa representación diplomática Ahmad Reza Asghari. Sobre todos ellos Canicoba Corral lanzó un pedido de captura internacional, que fue aceptado por Interpol en cinco casos (quedaron excluidos el ex presidente y los dos ex ministros).
Imputación
Nisman los acusó (y el juez consideró que era con fundamentos) de haber presuntamente ideado, organizado, planeado y financiado el peor ataque terrorista de la historia argentina, en el que murieron 85 personas y quedaron heridas más de 200.
El monto del embargo dispuesto por el magistrado está pensado para cubrir las indemnizaciones que les corresponderían a los 151 heridos que se presentaron en la causa, y a las familias de las 85 víctimas fatales. Se trata, sin embargo, de un acto a todas luces simbólico y casi sin posibilidades de aplicación práctica: Irán viene negándose de manera sistemática a cumplir con el pedido de captura que pesa sobre sus ex funcionarios (de hecho, Rafsanjani fue nombrado presidente del poderoso Consejo de Sabios de la «revolución» islámica, cargo que aún ejerce, luego de que la Justicia argentina lo acusara de este horrendo crimen), por lo que es obviamente imposible que cumpla con el pedido de embargo librado ayer por Canicoba.
Cabe recordar que la semana pasada el mismo magistrado había embargado un local comercial en el barrio de Flores, que seguía siendo propiedad de Mohsen Rabbani.
«La circunstancia de que la República Islámica de Irán se haya negado de manera sistemática a colaborar con los requerimientos judiciales que le fueron formulados encierra una actitud ciertamente reticente y protectora para con los ciudadanos iraníes que se encuentran imputados», dice Canicoba Corral en su dictamen. «Esto permite seria y fundadamente presumir que ese propósito de salvarguardia incluye el patrimonio de quienes son imputados».
El juez calculó que cada herido debería recibir cerca de un millón de dólares; los familiares de los fallecidos, según el magistrado, tendrían derecho a u$s 5 millones.