Antimoyanismo, en duda por su próximo líder

Antonio Caló

La oposición a Hugo Moyano iniciará una semana decisiva para su futuro, sumida en el desconcierto sobre su liderazgo. La candidatura del metalúrgico Antonio Caló quedó sumergida en un mar de dudas a partir de los últimos movimientos del dirigente y de las versiones que desde su propio entorno se echaron a correr. Bajo esa premisa, el sector avanzará de todos modos esta semana sobre dos ejes: una reunión de todos los dirigentes, el jueves, y un encuentro con la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, para tratar la problemática de las obras sociales sindicales.

Tanto los «gordos» como los «independientes» y hasta los exaliados de Moyano, que constituían el principal sostén de la postulación de Caló, admitieron que carecen de certezas respecto del sindicalista nominado para ser el secretario general de una nueva CGT a partir del 3 de octubre próximo. La principal preocupación radica en la posibilidad de que un nuevo movimiento del jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) termine por descolocarlos una vez más.

Las chances de Caló habían quedado resentidas luego del faltazo que pegó a una reunión en la Casa Rosada en la que Cristina de Kirchner recibió a medio centenar de sindicalistas opositores a Moyano. Zanjado ese traspié, con el argumento de que había salido de vacaciones con su familia sin celular, la semana pasada dos medios ligados al metalúrgico dieron a conocer la versión de que el dirigente sufría problemas cardíacos que ponían en duda su postulación.

Si bien el propio Caló salió en la semana a aclarar que su candidatura seguía firme, siempre y cuando sus pares estuvieran de acuerdo, desde los principales sectores que integran el espacio reconocieron que en adelante continuarán con la alternativa del metalúrgico como última opción, y que mientras tanto estudiarán otras chances para el futuro liderazgo.

Durante el fin de semana el líder de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, uno de los que integra el grupo de los «gordos», validó la postulación de Caló. Sin embargo, desde el mismo grupo aclararon que esa postura será la pública pero no necesariamente la sostenida en los próximos encuentros de la oposición. Este jueves se hará un plenario de secretarios generales en la sede del gremio de los mecánicos (SMATA). De hecho, el jefe de ese sindicato, Ricardo Pignanelli, sonó fuerte como posible reemplazo de Caló a partir de la incertidumbre generada en torno del metalúrgico.

Antes del plenario, el miércoles habrá una reunión del Movimiento de Acción Sindical (MASA), que encabeza el taxista Omar Viviani y que reúne a la mayoría de los sindicalistas que en los últimos años acompañaron a Moyano y que desde principios de este año decidieron apartarse del camionero. También en ese espacio, que suma casi 70 sindicatos, reconocieron que Caló dejó de ser la única opción. El MASA, que se reunirá en la sede del gremio de docentes privados (SADOP) tiene como alternativas a Omar Maturano (maquinistas de trenes, La Fraternidad) y a Horacio Ghilini, el dueño de casa.

Evaluación

Los «independientes» como Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), por su parte, dedicaron el fin de semana a evaluar los pasos a seguir. Las dudas respecto de Caló cayeron como una bomba en un sector que tenía resuelto apoyarlo ante la imposibilidad de sus tres referentes de asumir la conducción. Mientras Rodríguez y Lingeri están muy ligados al Ejecutivo (en el primer caso, por ser un sindicato estatal, y en el segundo por su condición de director de AySA), Martínez fue descartado por las investigaciones todavía pendientes acerca de su supuesta actuación como agente de inteligencia durante la última dictadura.

Más allá de los conflictos por la conducción, Rodríguez y Lingeri aprovecharon para afianzar sus contactos con el Ejecutivo. Esta semana prevén reunirse con Korenfeld a la espera de una respuesta concreta a sus reclamos. Hace dos semanas, abogados del sector tuvieron un primer encuentro con la funcionaria en el que le anticiparon que las demandas giran en torno de la demora en el pago de reintegros por tratamientos médicos de alta complejidad, y de una deuda que el Estado reconoce acumula cerca de 2.000 millones de pesos por expedientes no resueltos de ese tipo de prestaciones.