Anunció el Gobierno la eliminación de subsidios a empresas por $ 600 millones

Los ministros De Vido y Boudou ayer, antes del inicio de la conferencia de prensa en la que anunciaron el comienzo de una política de reducción de subsidios.

El Gobierno decidió ayer eliminar los subsidios en las facturas de electricidad, gas y AySA (empresa estatal que cobra tarifas subsidiadas) para las compañías que según el nomenclador de la AFIP son: bancos, financieras (desde aseguradoras hasta casas de cambio), casinos, bingos e hipódromos, extractoras mineras y petroleras, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, y las prestadoras de telefonía celular. Creó además una comisión interministerial para analizar la incidencia en los distintos sectores económicos y sociales de los subsidios vigentes que están a cargo del Estado nacional.

Teóricamente no se trata de un aumento de tarifas porque no hay incrementos en los márgenes de las empresas que prestan los servicios, sino un alivio monetario para el Estado nacional, que gradualmente se irá ampliando. Por ahora, la suma que se ahorrará el fisco asciende a $ 600 millones, según el cálculo oficial. De ese total, 300 corresponden a mineras y petroleras y 120 a bancos.

La discriminación en cada factura del importe que subsidia el Estado nacional se utiliza desde 2008, cuando se crearon precios diferenciales del costo de la energía y del gas para distintas franjas de clientes, dividiendo a los residenciales según el nivel de consumo.

Los no residenciales pagan tarifas para consumos medios y para grandes consumos. Lo que está planteando ahora el Gobierno es que las prestadoras de electricidad, gas y AySA diferencien en sus sistemas informáticos a las compañías que corresponden a las actividades alcanzadas, y que en esos casos se deje de restar el subsidio en forma total. En medios oficiales se afirma que son actividades altamente rentables que pueden afrontar el costo de los servicios.

El proyecto es extender la eliminación total o parcial del subsidio a otras actividades y entre los hogares, en primer lugar a los que tienen mayor poder adquisitivo, según las características y el lugar de la propiedad, aunque todavía no hay plazos definidos sobre la fecha en que se hará.

En todo caso, aun cuando la eliminación del subsidio se extendiera, el Gobierno no cubriría con eso todo lo que gasta hoy en importación de gas y de combustibles líquidos para generar electriciad cuando el gas natural escasea.

De enero a septiembre, el Estado gastó más de 35 mil millones de pesos en el sector energético. Del total, $ 19.604 millones se destinaron a Cammesa y 11.600 millones a ENARSA, según los datos de ASAP, asociación que estudia la evolución del Presupuesto público. Para 2012, el Presupuesto se plantea un aumento del 10% sobre lo gastado este año.

Esto puede significar que la importación de combustibles líquidos y gas será mayor el año próximo y probablemente los precios más altos, y que la eliminación gradual de las subvenciones no cambiará esa realidad.

Lo que pasa es que en cada factura cuando por orden del Estado se hace constar el monto del costo de la energía o del gas con subsidio y sin subsidio, no se estaría considerando la incidencia de la importación por lo menos en forma total. Esto también implica que parte de los recursos que obtenga el Estado mejorará en cierta forma los precios que las petroleras reciben por el gas. En este punto lo que está claro es que el gas plus (inversión nueva con mejor tarifa asegurada) era comprado hasta ahora por Cammesa para las centrales eléctricas, a las que el Estado abona los costos operativos que no se cubren con el precio que pagan las distribuidoras por la energía.

El anuncio se realizó ayer en una conferencia de prensa conjunta de los ministros Julio De Vido y Amado Boudou. De Vido aseguró que a partir de hoy «nadie va a recibir un subsidio que no necesita». «Comenzamos una nueva etapa, de personalización del subsidio» resaltó, pero también aseguró que la modificación del esquema se concretará de una manera «no traumática».

Por su parte, Boudou afirmó que «las políticas de subsidio sirvieron para industrializar el país». Añadió que van a seguir siendo una herramienta clave para el crecimiento», pero que deben estar guiados por «un principio de equidad, competitividad y creación de empleo». En ese sentido, destacó que él por vivir en Puerto Madero no debería estar subsidiado.

La medida fue bien recibida por los presidentes de Edenor, Alejandro Mac Farlane, y de Edesur, José María Hidalgo, en tanto implica empezar un proceso de pagar el costo real de la energía aunque recién en un mediano plazo se mejorarán los ingresos de esas compañías. Mac Farlane sostuvo que es «apropiado ir quitando lentamente los subsidios a aquellos que pueden pagar por el bien que consumen». Por su parte, Hidalgo apoyó la medida y el criterio presidencial de «destinar los subsidios a los sectores sociales que más los necesitan permitiendo, asimismo, que los sectores de la economía con mayor capacidad contributiva puedan pagar el verdadero costo de la energía».