Apareció la Corte: convocó al oficialismo a cumbre judicial

• REFLOTA COMISIÓN CON ANTECEDENTES DE ALTA CONFLICTIVIDAD.• LA CLAVE ESTÁ EN LAS PRESENCIAS.

Daniel Rafecas, Ricardo Lorenzetti y Julio Alak

 La Corte Suprema sacudió la modorra de la feria de invierno para emitir una nueva convocatoria a la Comisión Interpoderes que funciona bajo la órbita del máximo tribunal y que incluye al Gobierno, la Procuración General, presidentes de Cámara, fiscales y querellantes dedicados a la temática de los derechos humanos. Su cometido (acelerar juicios de lesa humanidad) debería garantizar cierta armonía, pero en las últimas semanas ese grupo se convirtió en un factor de disonancia entre la Corte y el oficialismo.

Primero, el kirchnerismo envió mensajes discretos a la Corte señalando que el tribunal suspendía las reuniones de dicha comisión. En segunda instancia, la Corte replicó con contundencia y expresó que las reuniones no se llevaban a cabo porque los representantes del Gobierno no confirmaban presencia (se señaló al ministro Julio Alak, al viceministro Julián Álvarez y al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, entre otros).

Ahora la Corte convoca a una nueva cumbre para finales de agosto. Como es de esperar, la expectativa está puesta más en las asistencias del ámbito político que en el contenido del encuentro. La percepción mayoritaria en la Corte es que la comisión encontró su sentido al comienzo de sus actividades, en 2008, cuando todavía era preciso establecer políticas coordinadas para acelerar los juicios más urgentes. Hoy por hoy, su importancia pasa por el monitoreo de asuntos concretos, como la situación del juez mendocino Otilio Romano (que pasó a la clandestinidad para luego ser capturado en un balneario chileno) o el descontrol de la Justicia de Bahía Blanca.

Las dos reuniones más importantes de la comisión fueron en 2014. En ese entonces participaron Lorenzetti, Álvarez, Fresneda; el titular de la Casación Penal, Mariano Borinsky; el juez Daniel Rafecas; y el presidente de la Magistratura, Alejandro Sánchez Freytez, entres otros. La tónica de los encuentros no fue la ideal: en lugar de discutir avances, dominaron las quejas y los pases de factura mutuos. Un dolor de cabeza para quien coordinaba esos encuentros, el secretario de la Corte Alfredo Kraut, que luego debía aguantar reproches internos cuando la reunión perdía su rumbo.

La segunda fue particularmente mala, porque en ésta irrumpió la querella del caso que investigaba si la empresa Ledesma había colaborado con acciones del último Gobierno militar en la provincia de Jujuy. Con un estilo particularmente violento, los abogados querellantes reclamaron por una supuesta inacción de la Corte en los tiempos de ese proceso. Nunca quedó claro hasta qué punto esa embestida no había sido calculada por el oficialismo. En agosto del año pasado, el vínculo del Gobierno con la Corte estaba condicionado por múltiples tensiones, más visibles que las actuales.

Después de ese encuentro, los querellantes fueron recibidos por Elena Highton de Nolasco. Práctica habitual en la Corte que ante ciertos reclamos Lorenzetti y su vicepresidenta ofician como ventanillas separadas. Lorenzetti es más diplomático y menos drástico en sus opiniones, tal como lo requiere la "teoría de los juegos", idea del matemático John Nash que entusiasma al justice.

El encuentro de agosto implicará una reedición de la cuestión enfocada en la responsabilidad civil y empresarial durante el Gobierno militar. Un issue áspero y comentado en los círculos empresariales en los que señalan que, en realidad, la finalidad de ese debate es la de generar que el sector privado haga las compensaciones que ya hizo el Estado.