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Aprobó Brasil Comisión de la Verdad “light”
Dilma Rousseff
El Senado aprobó por unanimidad la creación de la Comisión de la Verdad, la primera de este tipo en Brasil y que seguramente marcará el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, una exguerrillera que combatió al régimen de facto y que fue presa política y víctima de torturas.
«Es una victoria histórica e inaugura una nueva etapa desde la redemocratización del país. Es un tributo a los que lucharon por la democracia, ofreciendo hasta sus vidas», dijo la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario.
El proyecto había sido enviado en 2010 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y resistido inicialmente por los jefes de las Fuerzas Armadas.
La presidenta Rousseff debe promulgar la ley para conformar la comisión, que tendrá dos años de plazo para realizar su trabajo.
El período que será investigado es desde 1946 hasta 1988 (lapso entre las dos reformas constitucionales), y dentro de él está la dictadura militar, aparentemente una exigencia de los militares, que también sacaron del texto la frase «represión política», según entidades de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad servirá para saber el destino de los entre 400 muertos y desaparecidos y conocer el nombre de los represores, aunque no para juzgarlos.
Los represores cuentan con el aval de la Ley de Amnistía de 1979 del dictador Joao Baptista Figueiredo, ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal con el respaldo del abogado del Gobierno.
«El texto de la comisión preserva a los militares y Dilma y Lula han cedido ante la derecha para no abrir procesos contra los militares», dijo Cecilia Coimbra, del grupo Tortura Nunca Más, el más activo desde el fin de la dictadura, en 1985.
Para Coimbra, una comisión sin capacidad de denuncia judicial «es la demostración de que Brasil está en la retaguardia de América Latina», al comentar los casos de los vecinos Argentina y Uruguay.
La posibilidad de abrir juicios contra los responsables por la represión ilegal fue en agosto pasado rechazada en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que no dejó pasar un proyecto de revisión presentado por la diputada socialista Luiza Erundina.
Para el Gobierno, según la ministra Nunes, «es una conquista y no una concesión».
«Es principalmente el compromiso del Estado brasileño de que nunca más usará métodos violentos y oscurantistas contra sus ciudadanos».
«La comisión es una victoria de la democracia y de la lucha del pueblo brasileño», opinó el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
En el Senado, el relator del proyecto, el exguerrillero y senador Aloysio Nunes Ferreira, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, opositor), defendió la iniciativa y convocó a la unión de las fuerzas políticas en torno de ella.
Recordó que tanto Rousseff como los expresidentes Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso «fueron en distinta medidas víctimas de la represión» ilegal del régimen.
«Tenemos una herida que no cerrará nunca. Pero queremos encontrar respuesta a los misterios con los que convivimos y que no pueden convivir con la democracia», dijo Nunes Ferreyra.
La comisión podrá echar luz, también en el ámbito sudamericano, sobre el verdadero rol de la dictadura brasileña en la Operación Cóndor, el sistema represivo coordinado de los regímenes militares del Cono sur, tras el derrocamiento de Joao Goulart por el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964.
El proyecto no fue aprobado fácilmente e incluso la mandataria negoció directamente por teléfono en setiembre pasado con dirigentes opositores para su aprobación, desde Nueva York, cuando participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Agencia ANSA
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