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Aprueba hoy España recorte salarial y se inician protestas
José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta, María Teresa de la Vega, ayer en la cumbre con la Comunidad Andina.
Hace una semana, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció una serie de medidas económicas drásticas con las que el Ejecutivo pretende reducir el déficit, como un recorte en el salario de los funcionarios, el congelamiento de las pensiones, la reducción de las inversiones o la supresión de la ayuda a los recién nacidos. Estas medidas serán aprobadas hoy en el Consejo ministerial, que también aprobará el techo de gasto presupuestario para 2011, que con toda probabilidad se verá fuertemente reducido para continuar con el ajuste fiscal al que España está obligada. El aumento de la deuda pública y las dificultades para colocarla, el temor a un contagio de la crisis griega en otros países y la inestabilidad que todo ello provocó en los mercados financieros llevaron a España a tener que tomar estas medidas drásticas a petición de la Unión Europea. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometió en Bruselas a reducir en 15.000 millones de euros el déficit previsto para este año; para el que viene, 5.000 y 10.000 en el siguiente ejercicio.
El anuncio de estas medidas generó malestar y rechazo entre los trabajadores afectados, en la oposición y en los sindicatos, que, además de convocar una huelga en el sector público para el 8 de junio, preparan movilizaciones y no descartan un paro general. Hoy los trabajadores públicos se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Economía y Hacienda, en Madrid, y frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España, mientras el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que incluye un recorte salarial medio del 5% a este colectivo. Según el dirigente de la Unión General de Trabajadores, Julio Lacuerda, este sindicato comprobó que «hay razones sustanciosas» para recurrir la medida y se preguntó en qué base legal se basará el Gobierno para que el recorte afecte sólo a los empleados públicos que no estén sometidos a convenios colectivos, excluyendo a los trabajadores de empresas estatales.
Agencia EFE

