En un auto hecho público el viernes, la jueza María Servini de Cubría, emitió 20 órdenes de detención contra seis antiguos ministros de Franco, un exministro de la transición, ocho policías, tres magistrados, un médico y un antiguo secretario de Estado.
"Es un gran día para nosotros", añadió, por su parte, María Arcenegui, portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua), impulsora de la acción ante la Justicia argentina.
Entre las personalidades cuya detención solicitó la jueza se encuentra el exministro de Vivienda José Utrera Molina, de 86 años, que siempre defendió abiertamente al dictador. Su yerno es Alberto Ruiz Gallardón, quien dimitió como ministro de Justicia el pasado 23 de septiembre, tras la retirada de su reforma restrictiva de la ley de aborto, y que se declaró orgulloso de que el reclamado sea "el abuelo de mis hijos".
Esta relación no es única en el seno del gobernante Partido Popular (PP), donde cohabitan una corriente aún cercana al franquismo y una derecha moderada.
También figura en la lista el antiguo ministro del Interior y figura de la transición Rodolfo Martín Villa, de 79 años, acusado de haber ordenado a la Policía cargar contra huelguistas reunidos en una parroquia el 3 de marzo de 1976, causando la muerte de cinco personas.
Utrera es reclamado por su responsabilidad en la condena a muerte en 1974 de Salvador Puig Antich, tras la muerte de un policía. Según su hermana, fue detenido por la Policía y torturado. "Dice que a lo mejor le bastaría con que le pidan perdón. Pero nunca lo hicieron", explica Arcenegui.
Las órdenes de arresto se enmarcan en la investigación que la jueza Servini abrió en 2010 por los crímenes perpetrados en España durante la Guerra Civil (1936-1939), la dictadura de Franco (1939-75) y los primeros años de la transición, alegando el principio de justicia universal.
La magistrada ya pidió en 2013 la extradición de dos expolicías franquistas acusados de presuntas torturas, que fueron denegadas por la Justicia española con el argumento de que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además prescribieron hace años.
Las asociaciones de víctimas acudieron a la Argentina por las dificultades para llevar el caso ante la Justicia española, escudada en una Ley de Amnistía de 1977 que, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, cubrió "todos los actos de intencionalidad política" anteriores a ese año.
Pese a que las asociaciones de víctimas calculan que se produjeron más de 110.000 desapariciones forzosas y el robo de unos 300.000 niños durante el período investigado, hasta el momento no hubo ningún juicio en España, que también vio cómo la ONU denunció que carece de "una política de Estado en materia de verdad".
España aprobó en 2007 una ley de memoria histórica, destinada a rehabilitar a las víctimas de la dictadura franquista y proceder a "la remoción de las menciones conmemorativas" de ese período, pero aún permanecen monumentos y nombres de calles que, como la de la División Azul, hacen referencia a la unidad que luchó junto con los nazis en Rusia.
Tras la emisión de las órdenes, el Gobierno español debería ahora transmitirlas a la Justicia española, ante la que tendrían que declarar los concernidos con el fin de decidir sobre su extradición. Pero aunque no sean extraditadas, el simple hecho de que estas personas comparezcan ante un juez será ya una victoria para Arcenegui.
| Agencia AFP |
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