Arranca en Senado guerra por el acuerdo con Irán

Arrancará hoy en el Senado el debate para la ratificación del acuerdo entre la Argentina e Irán para crear la Comisión de la Verdad que investigue el atentado a la AMIA. Desde las 11 sesionará un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Constitucionales que tendrá a Héctor Timerman como el principal funcionario invitado, a representantes de la comunidad judía y familiares de las víctimas. Si hasta ahora el debate parecía complicado con la oposición y las entidades judías cuestionando el acuerdo (y el kirchnerismo imponiendo el número para aprobarlo en las dos cámaras), tras las declaraciones y rectificaciones que partieron de funcionarios iraníes ayer dejando claro que Irán no tiene en sus proyectos someter siquiera a una declaración a funcionarios como el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, ese debate amenaza con convertirse en una guerra.

Complicaciones

Ayer se confirmaron las complicaciones de ese escenario: la AMIA y la DAIA, en boca de Guillermo Borger y de Julio Schlosser, hicieron público su rechazo al acuerdo y ya pidieron formalmente a todos los diputados y senadores que voten en contra el acuerdo. Además, toda la oposición llegará con un pedido de renuncia (algo poco efectivo para las costumbres de este Gobierno) para Timerman alegando que con el acuerdo se puso en una situación diplomática riesgosa a la Argentina y a la propia Cristina de Kirchner que anunció en cadena nacional el envío de ese acuerdo con la toma de declaración a cinco iraníes imputados en la causa, entre ellos Vahidi, que aún no parece estar garantizada.

La efectividad de ese procedimiento no sólo para conocer la verdad sobre el atentado, sino para resguardar la legalidad de los procedimientos y el futuro de la causa AMIA fue puesta en duda por la comunidad judía desde el anuncio mismo del acuerdo.

Ayer, las idas y vueltas de los funcionarios iraníes que parecieron responder más a la interna del Gobierno de Irán, con una rama dura que sigue negándose a cualquier apertura en la investigación y menos a entregar funcionarios a la Justicia argentina, terminaron de complicar ese escenario.

Todo comenzó cuando se conoció información divulgada por Irib World Service el lunes pasado por la tarde donde el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Ramin Mehmanparast, aparecía desmintiendo «la infundada petición de interrogatorio a algunos funcionarios iraníes en el marco de las investigaciones del atentado contra la mutual israelí AMIA», según difundió ese portal de información árabe. En ese marco pareció, inmediatamente, que Irán daba un paso atrás, quizá atendiendo sus presiones internas, en la decisión de poner a disposición de Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman a los implicados para que presten declaración en Teherán.

La aclaración iraní avanzaba luego en un terreno más complicado: «Respecto de los últimos acontecimientos en torno al caso AMIA, Mehmanparast ha subrayado que los funcionarios de Irán y la Argentina han acordado formar un comité integrado por juristas independientes para examinar los detalles del atentado e identificar al verdadero culpable».

Para quienes acusan al Gobierno de darle a Irán con este acuerdo una plataforma para limpiar cualquier acusación, esta desmentida apareció como la ratificación de sus posiciones.

Más tarde, la información se amplió con un cable de FARS NEWS donde el mismo vocero aparecía calificando de «burda mentira» a los reportes periodísticos de occidente e Israel sobre un acuerdo entre Teherán y Buenos Aires para interrogar a los sospechosos por parte de oficiales de Justicia argentinos sólo en Teherán.

Hacia la noche y en una acción que pareció coordinada para calmar el escenario, el canciller iraní, Ali-Akbar Salehi, habló sobre la Argentina en una conferencia de prensa que brindó en Moscú: «Firmamos un acuerdo con la Argentina en relación con el caso AMIA y las dos partes están comprometidas a él», dijo ante una pregunta de un periodista de IRNA, la agencia oficial iraní.

«Para resolver el caso mantuvimos reuniones por dos años con el canciller argentino. Los contactos y encuentros culminaron con un acuerdo de nueve puntos que se focalizan en la solución de los problemas relativos al caso. El acuerdo sirve como base de acercamiento a una solución en el caso AMIA», agregó el canciller iraní. Hasta ahí aparecía como un intento de calmar la posición, pero sin avanzar en el nuevo conflicto por las declaraciones indagatorias.

Pero luego el texto del cable de la agenda IRNA continúa complicando la situación: «La república islámica de Irán condena el ataque terrorista a sangre fría contra el centro judío en Buenos Aires en 1994, asesinando a 84 personas», dice la información y termina ratificando una acusación que bloquea avances en la conversaciones: «Agentes de Tel Aviv estuvieron involucrados en el ataque terrorista contra la Argentina intentando ejercer influencia sobre el entonces Gobierno de Buenos Aires. Israel, en línea con su animosidad, acusó a Irán por el ataque», cierra esa agencia oficial.

Con esa interpretación rodando por Buenos Aires estallaron las críticas a la decisión del Gobierno de avanzar con la ratificación del acuerdo. El apuro kirchnerista por salir del brete (generado quizá por la interna iraní, pero que revela finalmente las nulas intenciones de ese país de llegar al juzgamiento de alguno de los suyos en algún momento) fue tal que inmediatamente salió al ruedo Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, para ratificar que aunque Irán no permitiera tomar declaración a sus funcionarios el acuerdo no se frenaría en el Congreso y adelantó que en su cámara sería el 27 de febrero.