Arrecia presión de Mujica para que el Frente acate la amnistía

José Mujica

Montevideo - El presidente uruguayo, José Mujica, dio un paso más para lograr que la alianza oficialista Frente Amplio (FA) abandone su histórico objetivo de anular la ley de amnistía a los crímenes de la dictadura (1973-1985), vigente desde 1986, al tiempo que procura sanar heridas entre sus partidarios ampliando las «excepciones» a ser juzgadas por los tribunales.

En medio de un tironeo entre el sector mujiquista y gran parte del FA, la mesa directiva de la coalición gobernante convocó para mañana a un plenario para decidir si abandona el proyecto «interpretativo» (en sus efectos, anulatorio) de una ley que evitó enjuiciar a violadores de derechos humanos y que fue refrendada por el 57 por ciento y el 52 por ciento de los votos en sendos plebiscitos, en 1989 y 2009.

En un paso en el mismo sentido que el buscado por Mujica, la Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que los crímenes cometidos durante la dictadura son homicidios y no delitos de lesa humanidad, por lo que prescribirían en noviembre de este año.

La fiscal Mirtha Guianze sostenía que los delitos cometidos por los militares retirados José Gavazzo y José Arab -condenados a 25 años de cárcel por 28 homicidios- se enmarcan en la figura de la desaparición forzada y como tal debían ser considerados delitos permanentes. Pero la resolución de la Corte sostuvo que el delito de desaparición forzada no resulta aplicable porque fue creado en 2006.

La mesa política del Frente informó anoche la resolución, tras una semana de gestos elocuentes del presidente para frenar la derogación, que fue aprobada por el Senado en una ajustada votación, tras superar tres disidencias en la bancada oficialista.

El último plenario del FA había dado mandato a los legisladores para votar el proyecto interpretativo que deja sin efecto tres artículos de dicha norma, con el fin, entre otras cosas, de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria de 2010 contra el Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En concreto, el tribunal internacional ordenó a Uruguay juzgar a los responsables de la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García, madre de la nieta recuperada Macarena.

Mujica insistió ayer en que si bien está de acuerdo con la «intención» del proyecto de anular la denominada Ley de Caducidad, discrepa con el camino elegido. En su audiencia radial semanal «Habla el presidente», el mandatario argumentó que «le está pasando por arriba a dos plebiscitos» y que para aprobarlo «se está haciendo uso de una mayoría parlamentaria ínfima, conseguida a gatas». El mismo argumento es sostenido por el vicepresidente, Danilo Astori, y, según éste, por el expresidente Tabaré Vázquez. «El Frente Amplio va a tener costos, creo, importantes. Para un frentista de alma como yo, dañar al Frente es una forma de dañar el país y sobre todo a los más débiles, porque la política del Frente Amplio hacia adelante es una bandera de derechos humanos desplegada a favor de los vivos», dijo el mandatario, que padeció 13 años de cárcel bajo la dictadura.

Los partidos opositores Blanco y Colorado, artífices de la amnistía en 1986, también se oponen a la anulación con el argumento de que ignoraría una «institución de la democracia» como es el plebiscito. Quienes defienden la anulación entienden que el Congreso también es una «institución de la democracia» con poder para actuar más allá de aquellas consultas. Algunos sectores del FA se inclinan por llamar a un tercer referendo, y alertan que el primero fue realizado bajo presión militar, mientras el segundo resultó confuso para el electorado, y el propio Mujica, como candidato presidencial, casi no hizo campaña a favor de la derogación.

La Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, tal el nombre que se le dio a la amnistía, obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar. Recién con la llegada del frentista Vázquez al poder, en 2005, se dio luz verde a los primeros juicios. Desde entonces, una docena de personas -incluidos los exdictadores Gregorio Álvarez (militar) y Juan María Bordaberry (civil)- fueron encarceladas. Ayer, el Gobierno hizo público que dejó sin efecto una resolución del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), por la cual se amparó en el perdón el caso de la desaparición del exmilitante comunista Álvaro Balbi.

Agencias AFP, Reuters y DPA,

y Ámbito Financiero