El ingreso del proyecto de ley que deroga parte de la ley Cafiero -adelantado por Ámbito Financiero- sorprendió a jueces y fiscales, que esperaban un aviso por parte del Ejecutivo. Ni el sector "angelicista" estaba al tanto de la jugada que creían momentáneamente desactivada. La poderosa Asociación presidida por el camarista Ricardo Recondo hizo tronar su enojo: "Bajo ningún concepto puede variarse el estatus de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley". Ataron las competencias eventualmente transferidas a la creación de nuevos organismos bajo la égida local. "Existe una realidad irrefutable y es que la reforma que se propicia no emerge de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, siquiera de una minoría significativa, no es auspiciada por los profesionales litigantes y mucho menos por los justiciables", fustigaron, en lo que consideraron un "imprescindible" pronunciamiento.
Describieron una crítica situación de "colapso funcional" de los tribunales, pleno de futuras "complicaciones" por las modificaciones de organigramas que incluso impactan en el Ministerio Público Fiscal. Sobre éste y sobre el de la Defensa, resaltaron su "estatus constitucional autónomo". "Si se sometiera a sus magistrados, funcionarios y empleados a la situación de dependencia -aunque más no sea administrativa- del Poder Judicial de la CABA o cualquier otro órgano extraño, se los estaría menoscabando en el estatus garantías que la Constitución Nacional les asigna", concluyeron. Señalaron la posible solución a la congestión del sistema en otra dirección porque de otro modo, los juzgados se "mudarían con sus problemas".
"En las condiciones actuales, un posible traspaso, aun cuando se trate de un procedimiento paulatino y voluntario, sólo encuentra impulso y asidero en la agenda del poder político, pues no se trata de una demanda de la ciudadanía y/o los operadores del servicio de justicia", dispararon. El duro pronunciamiento menciona la "precaria" independencia judicial porteña, además de diferencias salariales a la baja.
Convocatoria
La Asociación que preside Recondo se adelantó a la convocatoria a Garavano que había realizado Lorenzetti para la semana próxima. El titular de la cartera de Justicia se reunió ayer con uno de los fundadores de Justicia Legítima, el presidente de la Casación Federal, Alejandro Slokar. Mientras el cortocircuito con los jueces y fiscales nacionales se hacía público, el funcionario le bajó el tono a la eventual implementación del traspaso: sólo sería para cargos vacantes de jueces, se garantizaría inamovilidad, pero los cargos y empleados sí serían transferidos. Para esto habría acuerdo en el Congreso.
Problemas edilicios
La crítica situación de los inmuebles para el fuero de Ejecución Penal fue el tema central del encuentro entre Garavano y Slokar. Dos juzgados (de los cuatro) funcionan a pleno en el seguimiento de las condenas penales y de control de las libertades. Los otros dos tienen a sus empleados cobrando sus salarios pero sin lugar físico para desempeñarse. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, se resiste a desalojar el edificio de Parques Nacionales ubicado en Alsina Nº 1418 del barrio de Congreso que iba a ser destinado al funcionamiento de esos juzgados clave en materia de control de cumplimiento de la pena a quienes están detenidos. La situación es tragicómica: actualmente un solo empleado por turno hace las veces de sereno en los 200 metros cuadrados del inmueble para impedir un eventual desalojo. Pese a imponer la agenda de reformas "Justicia 2020", a cada paso Garavano ha ido encontrando urgencias actuales para mitigar.
| G.M. |


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