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Audiencias clave en juicio Ferreyra (en breve, el veredicto)
El juicio, que se desarrolla en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py, ingresa en sus capítulos culminantes con el sindicalista José Pedraza como uno de los principales acusados. Fiscal y querellas van por la “prisión perpetua”.
En su alegato final, la fiscal María Luz Jalbert se alineó con las querellas y solicitó la pena máxima para el gremialista José Pedraza, aunque causó polémica el pedido de absolución de los acusados Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, ambos empleados ferroviarios y que ya fueron liberados por el tribunal. Según la fiscal, éstos recibieron el arma con la cual el barra brava Cristian Favale habría disparado contra Ferreyra, pero se trató de un "encubrimiento", por lo que antes de pedir las penas para los demás acusados anunció que "perdía el interés punitorio sobre ambos".
Al mismo tiempo, la fiscal entendió que el rol de los policías el día del crimen se vinculaba con el supuesto delito de "abandono de persona" y deshecho la tesitura de un supuesto acuerdo entre efectivos de la Policía Federal e integrantes de la Unión Ferroviaria para lograr la llamada "zona liberada".
Esta posición fue largamente debatida entre Jalabert y sus fiscales coadyuvantes Carlos Gamallo y Mariano Domínguez. Estos últimos desembarcaron en el debate, por orden de la Procuración General, luego de que la fiscal protagonizara múltiples cruces tanto con los jueces del tribunal como con los abogados defensores.
Los abogados querellantes del Partido Obrero han sostenido a lo largo de la instrucción que Jalabert siempre se ubicó argumentalmente más cerca de los acusados que de ellos mismos. Se apoyaron en un dato puntual: en las audiencias preliminares la fiscal había rechazado evidencias presentadas por ellos, algo inusual considerando las motivaciones del debate que estaba por comenzar.
Los abogados defensores, tanto de sindicalistas como de policías, ya han presentado una batería de nulidades contra los alegatos tanto de los fiscales como de las querellas. Apuntan contra la validez probatoria de indagatorias, pericias, pruebas fotográficas y declaraciones testimoniales. Todas éstas serán respondidas por los representantes del ministerio público.
Los defensores llegarán al final del debate sin expectativas y prácticamente con la idea compartida de que no habrá diferencias entre los acusados al momento de la sentencia. Además, entienden que se aplicaría la pena máxima. Un pronóstico que encuentra parte de su origen en los múltiples reveses procesales que éstos han sufrido en la instancia de la Cámara de Casación Penal a lo largo del debate.


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