Aurelius ahora quiere sancionar a los compradores del Bonar 24

• PRESENTÓ UN ESCRITO ANTE GRIESA AMPLIANDO DENUNCIA INICIAL.• QUIERE QUE INVESTIGUE A POTENCIALES BANCOS "COLOCADORES".

El escrito presentado el viernes por el abogado de Aurelius Edward Friedman ante Griesa habla directamente del Bonar 24.

Para el fondo buitre Aurelius, todos los que intervinieron directa o indirectamente en la colocación y comercialización del Bonar 24 son cómplices de la Argentina; incluyendo los compradores del título en abril pasado. Y, en consecuencia, todos serían potenciales objetivos de embargo del juez Thomas Griesa. Así razona el fondo demandante en el escrito que el viernes pasado le envió al magistrado de Nueva York y al que tuvo acceso este diario. Según la presentación, que completa la denuncia de Aurelius del jueves pasado que hizo lugar Griesa, todos los agentes intervinientes en el circuito del bono lanzado por la Argentina por unos u$s 1.400 millones con jurisdicción de Buenos Aires deberían ser investigados por la Justicia norteamericana; a todos se les debería aplicar la cláusula Discovery (abrir los datos de las cuentas en el sistema financiero de EE.UU. para ver si hay depositados estos bonos); y a todos se les debería aplicar otra cláusula, la pari passu, por la cual el dinero que el país eventualmente deposite por los dividendos del titulos públicos tendría que embargarse y redistribuirse en los fondos buitre y holdouts que vencieron en junio del año pasado el "juicio del siglo" contra la Argentina. La presentación del viernes es, como mínimo, temeraria y en cualquier circunstancia difícil de avalar judicialmente. Sin embargo, los antecedentes de Griesa hablan de su amplia capacidad de interpretar cláusulas en contra de la Argentina, de llevar aún más allá de los límites conocidos la aplicación de sanciones contra el país.

La presentación de Aurelius, escrito que lleva la firma de Edward Friedman (el abogado que lo viene representando durante todo el juicio), demuestra también que este fondo buitre es el encargado de la embestida contra el país en lo que tiene que ver con el Bonar 24. El jueves pasado Griesa había aceptado la presentación de fondo Aurelius de mayo de este año, por la cual le pedía al juez que tome como una violación al fallo de fondo de junio de 2014 y a la prohibición para emitir deuda fuera de los Estados Unidos la colocación de ese título público. Griesa aceptó el reclamo y determinó que el Bonar está alcanzado por la pari passu, además de extender el pedido de aplicación de la Discovery, una cláusula que había sido habilitada también en junio pasado, pero por la Corte Suprema de los Estados Unidos al rechazar la apelación argentina.

En el fallo del jueves 16 de junio Griesa no mencionaba con nombre y apellido el Bonar 24. Sin embargo, habla de las colocaciones que la Argentina haya realizado o piense realizar fuera del la jurisdicción norteamericana. Tampoco nombraba específicamente a Buenos Aires como plaza de emisión prohibida, sino que extendía la veda a todo el planeta. En el escrito presentado el viernes, Aurelius es más específico y le recuerda a Griesa que la emisión a la cual refiere su fallo es la del Bonar 24, y es a todas las operaciones de este bono a lo que debe referir el juez con sus sanciones. Para el fondo buitre, la colocación de la Argentina, violaría las normas del Fiscal Agency Agreement (FAA) de los Estados Unidos; por la cual, y siguiendo una interpretación más bien amplísima de las regulaciones de la entidad norteamericana, los que hayan intervenido en la operación serían cómplices del Gobierno argentino. Aurelius y Griesa siempre apuntaron a la eventual participación de un agente financiero internacional como colocador, sospechando sin nombrarlos al Deutsche Bank y al BBVA. Sin embargo, la Argentina siempre se ocupó de aclarar que no hubo ningún banco interviniente en la emisión, ya que ésta habría sido el 100% ejecutada por el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Caja de Valores. Aclaraba el Gobierno, además, en una carta del BCRA enviada a Griesa el viernes pasado, que no hubo ningún agente colocador, y que en todo caso hubo comercializadores del bono a nivel internacional, lo que estaría salvado por la ley norteamericana.

Ahora Aurelius quiere que se reinterprete esta condicionalidad, y que también sean sancionados con la "Discovery" primero y la "pari passu" después los bancos y las agencias financieras que hayan comercializado ante sus clientes. El fondo buitre es aún más complejo en su planteo y le pide a Griesa en el escrito presentado el viernes que analice la posibilidad de que también los compradores del bono y que lo tengan depositado en sus cuentas de los Estados Unidos podrían ser pasibles de sanciones y, eventualmente, de ser acusados de complicidad.