Avalan uso de pistolas eléctricas

El Gobierno porteño fue autorizado por la Justicia a comprar pistolas eléctricas para la Policía Metropolitana, casi cinco años después del primer intento. Lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal al revocar un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario que le había ordenado a la administración de Mauricio Macri abstenerse de dotar a la fuerza porteña de esas armas no letales por entender que se trataría de elementos de tortura.

Una ironía porque la ley pemite la compra de armas letales de todo calibre.

La resolución del TSJ puso fin a una controversia que arrancó en 2010, cuando el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad (ODH) interpuso un recurso de amparo contra el uso de las armas eléctricas que planeaba adquirir la Metropolitana, y consiguió el aval en primera instancia de la Justicia y luego, en la Cámara del fuero. El fallo contó con el voto de la mayoría de los miembros del tribunal y sólo la jueza Alicia Ruiz se pronunció en disidencia pero por entender que la controversia judicial no debía ser analizada por el TSJ.

En tanto que los magistrados Luis Lozano, Inés Weinberg, Ana María Conde y José Casás coincidieron en que el demandante, el entonces miembro del Observatorio Carlos Pisoni, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, carecía de derecho para cuestionar la licitación, y que sus planteos resultaron meramente conjeturales e hipotéticos por no haberse concretado la compra del armamento.

Según Lozano, el primero en firmar la resolución, el pronunciamiento en la instancia anterior en contra del uso de las pistolas Taser X26 se excedió al presumir que el Ejecutivo porteño no generaría protocolos para el uso de las armas "o que esos protocolos no van a tener en cuenta las recomendaciones del Comité contra la tortura.

Por su parte, la jueza Weinberg desacreditó la denuncia que dio origen al expediente. "No tiene directamente que ver con la adquisición o no de las armas Taser, sino que discute una decisión muy anterior y ya convalidada en nuestro orden jurídico: es decir, si corresponde o no que las fuerzas de seguridad utilicen armas (en sentido amplio) para el ejercicio de sus funciones. Esta no es la forma, el ámbito ni la oportunidad de encausar un planteo semejante", apuntó.