Se autoriza para casos en los que la vida de la mujer corre peligro, en resguardo de su salud o si el embarazo fue producto de una violación.
El Gobierno de María Eugenia Vidal decidió adherir al protocolo nacional para casos de interrupción legal del embarazo y así eliminar barreras de acceso, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
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Mediante la Resolución 2.095 de la cartera sanitaria, a cargo de Zulma Ortiz, el Gobierno bonaerense adhirió y adoptó para su aplicación obligatoria en todos los efectores de salud de la provincia el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)", establecido por el Ministerio de Salud de la Nación el año pasado.
La medida eliminará las barreras de acceso a esta práctica y regirá bajo las causales de peligro de vida, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación. Entre sus aspectos más salientes, indica que "por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en centros de salud del primer nivel de atención y en forma ambulatoria", es decir, en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que tengan los recursos necesarios. Además, establece que "es esencial identificar precozmente a las mujeres que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar la orientación en las opciones y, si la mujer decide interrumpir la gestación, no demorar la práctica".
Buenos Aires es la novena provincia en adherir al protocolo, después de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
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