Avanza Tabaré en pedir inconstitucionalidad de amnistía a militares

Montevideo - La Asamblea General del Congreso uruguayo se expidió ayer a favor de la inconstitucionalidad de la amnistía a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-85), en consonancia con la posición que había sido adoptada hace una semana por el Poder Ejecutivo.
Con 69 votos a favor de 71 legisladores presentes, el máximo órgano representativo apoyó el aval a la inconstitucionalidad de la norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en un referendo con más del 52% de los votos, aunque la decisión de fondo le corresponde a la Suprema Corte.
El debate estuvo sentenciado desde un principio, tras la retirada del recinto del principal partido opositor, el Nacional, poco después de iniciarse las exposiciones, por considerar un «fraude judicial» la sesión. El también opositor Partido Colorado sí asistió a las discusiones con el oficialista Frente Amplio, pero en el último momento no participó en la votación, aunque quedó como testigo en la Cámara uno de sus diputados. El único voto en contra lo emitió el único diputado del Partido Independiente, que apostó por la constitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Ahora será la Suprema Corte de Justicia, que había consultado al Gobierno sobre la inconstitucionalidad, la encargada de decidir sobre una posible derogación de la norma, ya que el respaldo del Legislativo no es vinculante.
El planteo de inconstitucionalidad había sido elevado por la fiscal Mirtha Guianze sobre los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad en su aplicación al caso del asesinato de una militante comunista en 1974.
Una derogación de esta ley puede abrir el camino al enjuiciamiento de decenas de ex militares y ex policías responsables de violaciones de los derechos humanos en los años de la dictadura. El Gobierno de facto uruguayo dejó 38 desaparecidos, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003.
En la Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una, todas ellas relacionadas con el Plan Cóndor orquestado por las dictaduras de América del Sur en los años setenta y ochenta.
El Partido Nacional subrayó en un comunicado que sólo el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de una ley y acusó al Frente Amplio de «manipular las instituciones y debilitar permanentemente, y con fines exclusivamente político electorales, el estado de derecho». El FA argumentó que la opinión del Parlamento ante una consulta de la Suprema Corte de Justicia «es relevante», como señaló en la Asamblea el senador frenteamplista Rafael Michelini.
Este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad no es nuevo y el Gobierno del Frente Amplio había interpretado así la norma desde su ascenso al poder, en marzo de 2005.
De esta manera fue posible el procesamiento en 2006 de varios responsables de la dictadura, entre ellos el ex dictador Gregorio Álvarez, relacionados con los vuelos clandestinos que, en los años setenta, trajeron por la fuerza a Uruguay desde la Argentina a varios disidentes políticos uruguayos.
El debate en el Legislativo y la postura del Ejecutivo son sólo dos de los caminos emprendidos por el Frente Amplio en su ofensiva contra la Ley de Caducidad.
Destacados miembros de la coalición en el Gobierno, varios ministros y líderes sindicales cercanos al Frente Amplio han respaldado la campaña lanzada por organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de los derechos humanos para recoger firmas a favor de un referendo que permita derogar la ley. En un acto paralelo a la reunión de la Asamblea General, la coordinadora que impulsa el plebiscito informó que son ya más de 211.000 los uruguayos que firmaron contra la ley.
La Coordinadora por
la Nulidad de la Ley de Caducidad indicó que tienen previsto alcanzar las 300.000 firmas antes del 24 de abril,
fecha en la que concluye el plazo para solicitar la consulta popular. Para presentar una petición de referendo, la legislación uruguaya exige al menos 250.000 firmas.
Si la Suprema Corte de Justicia no declara antes inconstitucional la Ley de Caducidad y se alcanzan las firmas precisas, el referendo se celebraría el próximo 25 de octubre.
Ese mismo día están convocados comicios generales en Uruguay, coincidencia que es destacada por la oposición para acusar al Frente Amplio de dar un uso electoral al espinoso tema de los derechos humanos, según subrayó el Partido Nacional.
Agencias AFP y EFE