La Sala II de la Cámara Federal recibirá hoy a las 11.15 a Lázaro Báez, a puertas cerradas, sin abogados, periodistas o testigos. La reunión fue concedida tras un pedido personal del empresario detenido por lavado de dinero, doblemente procesado. Aunque ese hermetismo para la reunión aún no fue confirmado por los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun, Báez consideró que la presencia de otras partes "distorsionaría" la intención de exponer cuestiones sobre su "situación personal vinculada al trámite de la causa". Desde ese momento se empezaron a tejer múltiples especulaciones sobre el intento defensivo del titular de Austral Construcciones. En Tribunales se leyó como parte de esa estrategia la difusión de un audio en el que Báez habla con una de sus abogadas (en la causa paralela por la construcción del mausoleo donde descansan los restos del expresidente Néstor Kirchner), Elisabeth Gasaro. Allí, el detenido tildó a Casanello de "corrupto de mierda que vivió pidiéndonos plata". La difusión de ese audio previa al encuentro con los camaristas, con una letrada vinculada al entorno del exjuez Héctor Yrimia, vinculado por el fallecido fiscal Alberto Nisman con un sector de la ex SIDE, completó, para fuentes con acceso a la causa, una intentona por desestabilizar al magistrado, quien en horas será recibido en Suiza para avanzar en la localización de Marcelo Ramos, quien aparece como apoderado de Helvetic Services Group. Báez podría volver a cargar contra el juez cuando esté frente a frente con los integrantes de la Sala II.
Esos mismos jueces tienen para resolver si le confirman el procesamiento en su contra por lavado de dinero, a raíz de los más de u$s 5 millones que se contaron en la financiera SGI y de la que quedaron registros en video. Antes de recibir a Báez, el tribunal realizará una audiencia ante el pedido de recusación de Leandro Báez contra Casanello, a quien acusó de "direccionar" la investigación contra su familia y no así contra la expresidenta Cristina de Kirchner. Hasta el momento, Báez ha sostenido en su defensa que no cometió irregularidades en la obra pública que recibió, y reclamó que se investigue a todos los empresarios que fueron beneficiados con licitaciones en idéntico sentido.
Su defensa prepara la apelación a la ampliación de su procesamiento por ingresar u$s 33 millones en bonos del Estado.
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