Bajan tensiones por la triple indemnización

En tándem, el gobierno de Cristina de Kirchner y la CGT de Hugo Moyano acordaron ayer bajar la intensidad de la polémica en torno al proyecto de la CGT de imponer hasta una triple indemnización a las empresas que despidan personal sin causa justificada.

En un movimiento coordinado, la Casa Rosada y la cúpula sindical desinflaron la tensión en torno a la iniciativa que diseñó el diputado del FpV y abogado cegetista Héctor Recalde que generó el uniforme y aireado rechazo de los sectores empresarios.

Desde el gobierno, la posturaoficial la expuso el ministro del Interior, Florencio Randazzo. «Vamos a hacer todo lo necesario para mantener la actividad económica y el nivel de empleo», dijo el funcionario y consideró que, como alternativa, existe la idea de la triple indemnización.

Con cautela, Randazzo corrigió al jefe de Gabinete, Sergio Massa, que, el martes, manifestó el rechazo al proyecto de la CGT. Ayer, en tanto, el ministro del Interior dijo que la Casa Rosada «no aprueba ni desaprueba» la propuesta lanzada por los gremios.

«No hemos tomado distancia. Ni lo aprobamos ni lo desaprobamos. Creemos que son propuestas, en este caso de la CGT, con el objetivo de mantener el empleo. Vamos a analizar todas las propuestas que vengan de los representantes sindicales y de los empresarios», puntualizó.

La reacción de Randazzo tuvo un objetivo específico: desintegrar la sensación de que, una vez más, el gobierno y Moyano colisionan.

La CGT, por su parte, morigeró su belicosidad a través de Recalde y del secretario de Prensa de la central, Héctor Daer. Ambos, por separado, aclararon que la iniciativa no debe ser el eje del debate sino que éste debe centrarse en «preservar el empleo».

«Hay una gran cantidad de mecanismos administrativos disponibles para evitar despidos», señaló Daer y citó, como ejemplo, la intervención de la cartera de Trabajo para evitar las expulsiones en la cadena de capitales chilenos Easy que había decidido cesantear a 340 trabajadores.

Alternativa

Recalde, por su parte, confirmó que terminó de redactar el proyecto que le alcanzó a Moyano, pero que es una alternativa para aplicar en el caso que no funcionen otros mecanismos de disuasión para evitar despidos preventivos por parte de las empresas.

En concreto, la CGT interpretó que cometió un error al enfocarse sobre la idea exclusiva de sanciones por eventuales despidos porque, admiten en la calle Azopardo, eso desvió la discusión cuando «debería ser mantener los canales de consenso para que no haya cesantías».

De todos modos, el proyectoquedará en suspenso para, llegado el caso, impulsarlo en el Congreso.

En paralelo, ayer apareció un nuevo foco de alerta en el mapa crítico que tiene la CGT sobre la crisis laboral. Estalló en el Banco Hipotecario donde 150 trabajadores tercerizados, que realizan tareas en el área de marketing, denunciaron que fueron «conminados a firmar su renuncia».

Así lo sostuvo, ayer, Iván Saín, que ofició de vocero de esos empleados que, en realidad, están contratados por la agencia Communicom SA. El tema es motivo ya de análisis por parte de dirigentes gremiales que esperan, además, una intervención de Trabajo para ordenar el caso.

El conflicto no circula, en principio, por el rubro bancario, una de las actividades más afectadas por la crisis. De hecho, el titular de La Bancaria, Juan José Zanola, denunció la existencia de «despidos encubiertos».

En este caso, los empleados tercerizados del Banco Hipotecario forman parte del «afines» del Sindicato de Comercio que comanda Armando Cavalieri.