Bicameral inspeccionó sede del BAPRO y Pérez pidió ser querellante contra Vidal

Subcomisión hizo “reconocimiento” de la mesa “Gestapo”. Hablaron con ceremonial que hizo entrar a los asistentes a la reunión de 2017. Se aportaron mails que reservaban SUM por tres días (¿para instalar cámaras?). Exjefe de Gabinete de Scioli quiere ser damnificado también.

María Eugenia Vidal

Diputados de la subcomisión Bicameral de Inteligencia realizaron ayer una inspección ocular a la sede porteña del Banco Provincia (BAPRO), donde en 2017 se realizó la reunión en la cual funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, de la AFI y empresarios analizaban el armado de causas judiciales contra los gremios. También informaron que las autoridades del Banco Provincia “les entregaron dos mails donde la presidencia del BAPRO, por indicación de la Gobernación de Vidal, pide la reserva de ese salón de uso múltiple para el 14, 15 y 16 de junio de 2017”, pero indicaron que el encuentro fue el 15. Según la interpretación de esos voceros, la reserva de tres días estuvo vinculada con que en el primero de los días se hizo la instalación de las cámaras y en el último se retiró el material tecnológico. Esa información quedó en manos del juez Ernesto Kreplak.

En tanto, Alberto Pérez, exjefe de Gabinete de la gestión del exgobernador Daniel Scioli, solicitó en el juzgado federal de La Plata ser parte querellante en la investigación sobre el accionar de una mesa judicial provincial que buscaba perjudicar a dirigentes sindicales.

Hoy, a las 12, la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia se reunirá con el jefe de Seguridad del banco, que estaba en ese cargo en 2017 y sigue estando en la actualidad. La visita ocular a la sala donde se celebró esa reunión sirvió para “corroborar algunas hipótesis y tener más claro cuál fue el ámbito del encuentro y confirmar que no había cambiado nada de la escenografía”. Señalaron que pudieron dialogar con una empleada de ceremonial que es personal estable del Banco, que ese día “hizo ingresar a algunos de los participantes en la reunión y realizó diversos aportes”. El edificio del BAPRO revisado por los legisladores está situado en San Martín y Bartolomé Mitre, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Pérez

Pérez se presentó ante la Justicia federal “a ratificar la denuncia por haber sido víctima del espionaje ilegal durante el gobierno de Vidal”, según indicó. En el escrito presentado por el exfuncionario sciolista ante el juez Kreplak se destacó que en el marco de la mesa judicial se llevaron a cabo “una serie de episodios de espionaje ilegal, cometidos por quienes fueran los máximos responsables del gobierno provincial entre los años 2015-2019”. Pérez -que actualmente integra el directorio del Banco Hipotecario- solicitó “ser tenido por parte querellante habida cuenta de mi carácter de particular damnificado, puesto que he sido ilegalmente espiado, junto a distintas personas de mi entorno y a centenares de opositores al entonces gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la recolección de información ilegal”.

Para el funcionario, esta información ilegal “luego era entregada a medios periodísticos afines con el objeto de realizar campañas mediáticas y nutrir de información a fiscales y jueces para alentar persecuciones judiciales también manifiestamente ilegales”. La existencia de una mesa judicial macrista destinada a armar causas contra sindicalistas durante la gestión anterior se reveló cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detectó una filmación registrada en 2017 en dependencias del Banco Provincia.

En el video aparecían el entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas; su par de Infraestructura, Roberto Gigante; Adrián Grassi, que era subsecretario de Justicia; el senador Juan Pablo Allan y el intendente local, Julio Garro. Además, se encontraban empresarios y los espías Juan Sebastián De Stéfano, director de Jurídicos de la AFI, y Darío Biorci, jefe de Gabinete del organismo de inteligencia durante la gestión de Juntos por el Cambio y cuñado de Silvia Majdalani, exsubdirectora de la ex SIDE.

A la vez, Pérez pidió que se tome declaración al subcomisario Hernán Casassa, quien durante el gobierno de JxC encabezó los allanamientos a su vivienda y al exsubsecretario de Asuntos Administrativos Walter Carbone. El efectivo policial también estuvo a cargo de requisar la casa, la empresa y hasta el club del exgobernador Scioli y casi cien domicilios más. Para Pérez, en los audios aportados a la justicia Casassa “ha sido especialmente claro al describir la mecánica de este perverso método para fabricar imputaciones penales falsas y ulteriores persecuciones ilegales” y reiteró: “En el gobierno de Vidal se espió ilegalmente a opositores y ello quedó demostrado ahora por el audio”.

“Allí Casassa reconoce que se usaban Nosis (sistema de información económica), información irregular de la AFI y de la Unidad de Información Financiera (UIF) para enviársela a Elisa Carrió y que esta presente denuncias”, indicó. Sostuvo que ello “es espionaje ilegal” y viola “la Ley Nacional de Inteligencia, porque ni la policía, ni el Ministerio de Seguridad pueden hacer inteligencia y la AFI sólo puede hacerlo con orden del juez”. Casassa ya declaró ante la Bicameral, reconoció los audios y confirmó la existencia de una mesa judicial local que interactuaba con una nacional, con presencia de Vidal, Federico Salvai y otros miembros del Ejecutivo bonaerense.