Una polémica judicial se desató ayer en los tribunales federales de Comodoro Py ante la decisión del juez Claudio Bonadio de sobreseer a varios funcionarios del Gobierno nacional involucrados como compradores de los contratos de dólar a futuro, pese a que esa nómina de implicados se encuentra duplicada bajo investigación en otra causa, a cargo de Sergio Torres. Esta situación ocurrió en simultáneo con la decisión del magistrado de clausurar la investigación sobre Cristina de Kirchner y el resto de los procesados por haber propiciado una defraudación a las arcas públicas por la decisión de vender los futuros a un precio únicamente ofrecido por el Banco Central. Esto comienza el trámite para que ese tramo de la causa sea elevado a juicio oral, proceso que exigirá que la fiscalía y las partes tomen posición antes de que se defina fecha y tribunal que los juzgará.
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Pero a la par de que se reactivaba con medidas la causa "Dólar Futuro II", la decisión del juez benefició con el sobreseimiento a los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, al director del BCRA, Pablo Curat, al jefe de asesores presidencial, José Torello, al actual embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, y al ex-CEO de YPF, Miguel Galuccio. Ocurre que los primeros cuatro habían sido imputados por el fiscal Jorge Di Lello -a raíz de una denuncia planteada por el kirchnerismo por haber sido compradores de los contratos y a la vez haber tomado decisiones referidas a cuánto iban a pagarse, luego de asumir el Gobierno- junto a Caputo SA -propiedad de Nicolás Caputo , amigo del presidente Mauricio Macri-, y Chery Socma SA, empresa del grupo familiar. La denuncia abarcó también al titular del BCRA, Federico Sturzenegger, y al propio juez Bonadio. Todos fueron imputados por la fiscalía que formalmente abrió una investigación contra ellos, pero en un primer momento, Torres consideró que salvo en el caso del juez, los denunciados debían unificarse en la causa que implicaba a Kirchner, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, como parte de una maniobra conjunta de compraventa de dólar futuro. La Cámara Federal rechazó esta decisión y le devolvió las actuaciones sobre los funcionarios a Torres. Di Lello trazó una hoja de ruta para recolectar pruebas referidas a la presunta responsabilidad de los compradores, allegados o integrantes del Gobierno y la semana pasada avanzó con más medidas de prueba que incluían declaraciones testimoniales y documentación. Pero ayer Bonadio sorprendió a propios y ajenos al sobreseer a los imputados que se duplican en la otra causa porque "no puede ser reprochable penalmente la conducta de los compradores de futuros frente a tan atractiva oferta" como la que hacía el BCRA. Bonadio agregó que realizó un análisis sobre los mencionados medios en la causa Dólar Futuro II sobre su capacidad financiera para adquirir los contratos, que no arrojaron irregularidades porque el delito se habría cometido en el proceso de venta. Ahora ocurre la paradoja de que los funcionarios fueron sobreseidos de algún delito pero se encuentran, a la vez, investigados por los mismos hechos.
