Bonafini, cuestionada

«La actividad que desarrollaron los hermanos Schoklender y los demás imputados a partir de su ingreso a la Fundación Madres de Plaza de Mayo es consecuencia directa de la decisión de Hebe de Bonafini y por ello debe responder», señala el fiscal Jorge Di Lello en las consideraciones previas al pedido de indagatorias presentado ayer al juez federal Norberto Oyarbide. El funcionario arranca su presentación con una enumeración de la labor de Bonafini a partir de 1977, los premios que recibió en persona y en nombre de la entidad y el contexto preelectoral en que se desarrolló la investigación judicial en contra de los Schoklender.

Además, marcó que en paralelo con su «lucha por la vigencia de los derechos humanos» la dirigente se caracterizó por «su apoyo» al Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, al régimen iraní y su posición polémica en torno de la voladura de las Torres Gemelas en Estados Unidos. También mencionó el respaldo a la reelección de Cristina de Kirchner.

Si bien aclara que a lo largo de la investigación no fueron hallados elementos «que permitan imputar a la señora Hebe de Bonafini alguna conducta constitutiva de delito», el fiscal pide medidas adicionales, como testimonios de las fundadoras de las Madres y la concreción de pericias ordenadas, y avisa que «queda pendiente la comprobación de hechos que aún se encuentran en etapa de prueba».

Para Di Lello, «la responsabilidad civil» de la dirigente no será materia de investigación en el fuero federal pero «se aprecia en los numerosos juicios civiles que demandan a la fundación».