Bonafini echó a abogado porque lo citará Oyarbide

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Más problemas para Sergio Schoklender. Mientras la conducción de la fundación Madres de Plaza de Mayo prevé ampliar una denuncia en su contra luego de hallar una compra de 200 mil dólares por parte del exapoderado que no tendría documentación respaldatoria, esta semana debió renunciar uno de sus hombres de confianza que todavía mantenía un cargo en la entidad, ante la presunción de que será citado a declaración indagatoria por el juez federal Norberto Oyarbide. El renunciante es Sergio Gandolfo, hasta esta semana apoderado legal de la fundación y socio del mayor de los Schoklender en la remisería Stylo Car.

En la entidad que preside Hebe de Bonafini confirmaron ambas novedades. Respecto de la denuncia por la compra de dólares, dijeron que será incorporada al expediente en los próximos días. Y que las constancias de la operación fueron halladas en una mudanza de oficinas. En cuanto a la renuncia de Gandolfo, explicaron que se concretó a partir de su inclusión en la lista de imputados en la causa que lleva adelante Oyarbide.

Son días decisivos para el expediente. Como anticipó este diario, tanto el magistrado como el fiscal Jorge Di Lello esperan tener lista en los primeros días de diciembre la nómina de llamados a indagatoria de sospechosos. Para ello, Oyarbide aguarda informes pendientes del Banco Central sobre operaciones con cheques por parte de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como de sus allegados.

El cumplimiento de ese plazo, sin embargo, estará ligado a que el magistrado no incorpore nuevas pruebas a las que recogió y pidió analizar hasta ahora.

De hecho, con cada nuevo allanamiento o reporte de operaciones sospechosas Oyarbide tuvo un elemento para reimplantar o extender el secreto de sumario, vigente hasta ahora y desde casi el comienzo de la investigación, en junio pasado.

La compra de dólares será informada en los próximos días por el abogado querellante de las Madres, Eduardo Fachal. En la entidad encontraron recibos de varias operaciones, concretadas entre enero y febrero de 2010, en las que se presume que el exapoderado adquirió u$s 200 mil a nombre de la fundación en la casa de cambios Trade Travel. En la organización dijeron no contar con la documentación que justificara esas compras ni tampoco conocer el destino del monto.

Trade Travel es la firma que había utilizado Schoklender para cambiar dólares, comprar esa divisa e incluso adquirir viajes al extranjero. La firma queda a una cuadra de la sede de la fundación, en el centro porteño. El exapoderado reconoció en diálogo con este diario que solía comprar dólares, en general por encargo de la fundación, y estimó que quizás «en algún momento» hizo una operación por su cuenta.

La otra novedad negativa para Schoklender fue la salida de Gandolfo de la fundación. En la entidad explicaron que se le pidió la renuncia a su cargo de apoderado legal (los hermanos Schoklender tenían un poder más amplio, de administración y financiero) ante el hecho de que sería llamado a declaración indagatoria junto con el resto de los sospechosos.

Gandolfo figura en el segundo requerimiento de instrucción del fiscal Di Lello como socio de Schoklender en Stylo Car. Gandolfo, de 44 años, fue socio de Schoklender en un estudio jurídico que ambos montaron en el partido bonaerense de Lanús a fines de la década del 90. También lo defendió en varias causas, entre ellas un juicio de filiación que le inició en la provincia de Tucumán una mujer por la supuesta paternidad de su hija. También fue abogado de Pablo Schoklender en el último tramo de la causa contra los dos hermanos por el asesinato de sus padres.

En la fundación dijeron que, además de la imputación del fiscal, sobre Gandolfo pesan sospechas de una supuesta vinculación con el expolicía y actual abogado Roberto Buletti, quien purgó una condena de reclusión perpetua por su integración en una banda de uniformados acusada de secuestrar a empresarios como Osvaldo Sivak, en la década del 80. Sobre este punto, Schoklender admitió haber conocido a Buletti y dijo que desempeñó tareas como abogado a pedido de la fundación en algunos de los barrios en los que Madres desarrolló obras de infraestructura, en representación de vecinos.

Oyarbide le confirmó a este diario que comenzará con los llamados a indagatoria una vez que reciba la documentación pendiente. Y deslizó que los papeles que recibió del Ministerio de Planificación y de Madres sobre las obras encargadas «no coinciden» entre sí.

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