Bonistas piden cobrar la deuda a cambio de inversiones reales

Thomas Griesa

Un grupo de bonistas afectados por el default argentino en 2005 presentarán ante la Justicia de Nueva York una contrapropuesta por los títulos que aún siguen en cesación de pagos: consiste en aplicar los futuros pagos de intereses de la deuda que efectúe el Gobierno en actividades productivas, sobre todo relacionadas con obras públicas.
Según los cálculos de quienes están efectuando actualmente acciones de clase contra la Argentina, en 11 años el Gobierno terminaría de pagar la deuda pendiente y, al mismo tiempo, podrá quedarse con las empresas creadas y, por supuesto, con las inversiones que se hayan efectuado en ese período.
La «class action» (tal su denominación en inglés) consiste en un grupo de inversores damnificados que se juntan para demandar, en este caso a la Argentina.
El juez Thomas Griesa permitió este tipo de presentaciones y en las próximas semanas los abogados que representan a los bonistas deberán comparecer ante la Cámara de Apelaciones.
La propuesta consiste, en términos sencillos, en aplicar los intereses de la deuda a obra pública. Con el dinero que produzcan los nuevos emprendimientos el Gobierno estaría en condiciones de pagar la totalidad de la deuda en default. Sólo cobrarían el 100% de aquella deuda quienes se presentaron a litigar en juzgados internacionales. El resto, al igual que lo sucedido con los que aceptaron la propuesta en 2005, cobrarían sólo el 33% de su acreencia.
Esta contrapropuesta llega en momentos en que el Gobierno argentino procura volver a la carga con el canje de deuda, pero según una oferta diseñada por tres bancos internacionales (Citi, Deutsche y Barclays) no tiene grandes diferencias con la presentada en 2005, ya que los viejos bonos son canjeados por los títulos de descuento (Discount), que actualmente cotizan bien por debajo del precio de salida, hace más de tres años.
La diferencia es que la propuesta que se había presentado en octubre del año pasado incluía un pago en efectivo de los bonistas a favor de la Argentina, que podría sumar hasta
u$s 2.500 millones en caso de que la totalidad aceptara ingresar en la transacción. Pero en medio de la crisis financiera internacional, parece más que difícil que los acreedores estén dispuestos a realizar este pago inicial.
La intención de los bonistas que iniciaron acciones de clase, y que poseen títulos por alrededor de u$s 2.200 millones, es crear un fideicomiso (o «trust») con la Argentina. Si las dos partes se ponen de acuerdo, y mientras se cumple con las obligaciones de ambas, se suspenden los embargos y las ejecuciones de sentencias. Prácticamente todas las causas que le llegan al juez Thomas Griesa, del distrito sur de Nueva York, terminan con sentencias en contra del país.
La relación entre la Argentina y el fideicomiso finalizaría cuando las ganancias de los proyectos de inversión cancelen el 100% de la deuda pendiente en juicio. A partir de allí, la Argentina deja de pagar intereses y rescata todos los bonos.