Brasil: el Supremo avaló la tercerización laboral en toda la economía

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Es una de las reformas más valoradas por el empresariado. Permite realizar contrataciones indirectas incluso para la actividad central de las compañías. Protestas de los sindicatos.

Brasilia - El Supremo Tribunal Federal de Brasil (corte suprema) declaró, por 7 votos contra 4, la constitucionalidad de la ley de tercerización laboral que autoriza ese tipo de práctica en todos los niveles, incluso en las hasta ahora vedada actividad madre o principal de las compañías.

La norma es considerada una de las reformas de mercado más relevantes aprobadas por el Congreso durante el mandato de Michel Temer, quien reemplazó a Dilma Rousseff en 2016 después de un controvertido proceso de juicio político.

De acuerdo con la misma, las empresas brasileñas pueden apelar a otras compañías para cubrir funciones laborales, incluso en las consideradas actividades núcleo, lo que las exime de cargas laborales, pasivos contintentes y otros costos.

Para los sindicatos, dicha ley supone una precarización radical de las condiciones de contratación en el país.

El juez del Supremo Celso de Mello argumentó en su fallo, que es constitucional que los empresarios tengan derecho a contratar libremente a sus trabajadores en tanto ello respete los derechos laborales garantizados por la ley.

"Los actos del poder público, bajo el pretexto de proteger al trabajador, podrían producir muchos perjuicios a los propios trabajadores, ya que las crisis económicas diminuyen considerablemente los puestos de trabajo", señaló.

En tanto, la presidenta saliente del alto tribunal, Cármen Lúcia indicó que la tercerización laboral no viola per se la dignidad del trabajo.

El STF zanjó así dos pedidos de declaración de inconstitucionalidad que llegaron al tribunal antes de la sanción de la ley, en marzo de 2017.

Sin embargo, persiste un impedimento para que las empresas generalicen la tercerización laboral: una resolución de 2011 del Tribunal Superior del Trabajo (TST) la impide en las llamadas "actividades fin" de las empresas y la limita a las que no les resultan centrales, como las de limpieza y mantenimiento.

De hecho, esa norma sigue siendo aplicada por los tribunales laborales en todo Brasil a despecho de la existencia de la nueva ley.

En este contexto, se informó ayer que el desempleo en Brasil cayó una décima en el período mayo-julio, a 12,3%, pero aún hay 12,9 millones de personas que buscan trabajo. Además, casi 5 millones que desistieron de hacerlo, por lo que los expertos atribuyeron la mínima reducción de la desocupación al llamado "efecto desaliento".

En el mismo período de 2017, el número de desempleados era de 13,3 millones (12,8%), precisó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El resultado marca una cuarta mejora mensual consecutiva, lo que coincide con las expectativas de la mayoría de los analistas.

El IBGE destacó sin embargo que en mayo-julio había 4,81 millones de "desalentados", personas que desistieron de buscar un empleo ante las dificultades del mercado laboral. Ese contingente tuvo un incremento interanual de 17,8%.

La cuestión del empleo, junto a la corrupción y la violencia, centran los debates entre los candidatos para las elecciones del 7 de octubre, que se anuncian como las más inciertas de las últimas décadas.

Brasil salió en 2017 de dos años de recesión, con un magro crecimiento de 1%, y su despegue sigue siendo difícil. Las proyecciones oficiales y del mercado para 2018 se sitúan en torno a un aumento del PBI de 1,5%.

Ámbito Financiero

y agencias Reuters y AFP

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