Brasil: sacude a la clase política un escándalo de vínculos con juego ilegal

Agnelo Queiroz, gobernador de la capital de Brasil y hombre clave del Partido de los Trabajadores, sostiene su inocencia, pero está cada vez más en la mira por denuncias de posible connivencia con la mafia del juego ilegal.

Brasilia - El gobernador de Brasilia, Agnelo Queiroz, correligionario de la presidenta Dilma Rousseff, afirmó que pese a las denuncias que lo vinculan con un capitalista de juego ilegal permanecerá en el cargo, mientras surgen más revelaciones sobre una trama de corrupción que afectaría al Gobierno y a la oposición.

Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), manifestó que dejará el Gobierno de Brasilia «sólo si me derriban físicamente» y aseguró haber recibido respaldo de Rousseff, en una entrevista publicada ayer por O Estado de Sao Paulo.

«Esta crisis no es mía, ni del PT, ni de Brasilia, no hay ni un solo hecho que muestre que el Gobierno del Distrito Federal está involucrado con el grupo» de Carlos Ramos, conocido como «Carlinhos Cachoeira», jefe de una organización de apuestas ilegales, aseveró el gobernador.

Rousseff y el líder del PT, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, analizaron durante tres horas, el viernes, el impacto que tendrá sobre el Gobierno y la oposición el Operativo Montecarlo, de la Policía Federal, sobre sobornos, lobby y contratos de empresas estatales ligados a «Carlinhos Cachoeira».

«Hay un intento desesperado de involucrar mi nombre en esta crisis que es del partido Demócratas y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña», ambos de oposición, señaló Agnelo Queiroz, quien asegura que no hay elementos concretos que lo imputen.

Pese a que asegura ser inocente, el gobernador de Brasilia depuso la semana pasada a su jefe de Gabinete, quien habría mantenido conversaciones con el capo del juego clandestino.

Presuntos acuerdos

Grabaciones realizadas por la Policía Federal, a pedido de la Justicia, muestran posibles acuerdos entre la gobernación de Brasilia y la constructora Delta, ligada a «Cachoeira», preso en una cárcel de seguridad máxima de Rio Grande do Norte, en la región noreste.

Al parecer, Cachoeira no sólo se vinculó al Gobierno de Brasilia, oficialista, sino también a las mayores fuerzas opositoras.

La prensa divulgó días atrás grabaciones policiales en las que el propio acusado habla con el senador Demóstenes Torres, del conservador partido Demócratas.

Debido al tenor de las conversaciones, Torres, que al parecer era lobbysta del capitalista de juego, debió renunciar a Demócratas, al tiempo que senadores impulsan su desafuero.

El diario O Globo publicó ayer que el efecto de las pruebas contra Torres, quien era considerado el abanderado de la ética en el Senado, fue devastador para Demócratas, y varios dirigentes de esa agrupación analizan la posibilidad de extinguirla y fusionarse con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, principal fuerza opositora. Hoy se retomarán las conversaciones para la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el sistema de corrupción montado con fondos de las apuestas clandestinas.

La magnitud de ese engranaje es gigantesca y puede ser considerado como «un Estado dentro del Estado» reconoció Marco Maia, presidente de la Cámara baja.

Históricamente el «Juego del bicho» ha movido fortunas en Río de Janeiro, donde los responsables de esa lotería clandestina siguen siendo los principales «patronos» de las escolas do samba que animan el carnaval. Sin embargo, la red de corrupción que capitaneaba «Cachoeira» en principio demuestra que el poder económico de los empresarios «bicheros» es mayor de lo que se suponía, indican analistas.

Todo indica que los tentáculos del empresario preso se extendieron hasta la construcción civil a través de la empresa Delta, cuyos contratos con el Estado crecieron el 2.000% en ocho años, publicó ayer Folha de Sao Paulo. Según ese diario, Delta firmó contratos por miles de millones de dólares para ejecutar obras del Programa de Aceleración del Crecimiento, principal plan del Gobierno de Dilma Rousseff.

Fuentes consultadas por O Estado de Sao Paulo revelaron que la jefa de Estado comentó, reservadamente, su preocupación sobre las informaciones que puedan surgir en una comisión parlamentaria de investigaciones y las consecuencias que éstas podrían causar en su Gobierno.

Agencia ANSA