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Buitres en votación del Senado
La sesión arrancará después del mediodía, aunque el horario preciso recién se conocerá ese mismo día a la mañana cuando se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria.
El proyecto no tiene efecto práctico en lo inmediato, ni afuera ni adentro del país. Fue enviado por Cristina de Kirchner después de la votación en la ONU y defendido en el Congreso por Axel Kicillof: "Al próximo que gobierne la Argentina no le quedará otra más que negociar fuerte con los fondos buitre. Ésta es la forma. No bajo extorsión. No bajo el miedo ni la complicidad. Hay que negociar para cerrar y pagar el ciento por ciento de nuestros compromisos en condiciones justas y sostenibles, y eso es lo que convalidó Naciones Unidas", dijo el ministro.
La resolución, de carácter no vinculante, fue aprobada el 10 de septiembre en Naciones Unidas con 136 votos a favor, siete en contra y 41 abstenciones. Allí se establece que cuando una propuesta de reestructuración es aprobada por una amplia mayoría de tenedores de bonos, la minoría restante debe aceptarla y no puede apelar a otras instancias, como le sucedió a la Argentina con los fondos buitre que acudieron a los tribunales de Nueva York.
De ese modo busca cerrarle el paso a quienes no entraron en las reestructuraciones que, siendo algo más del uno por ciento de los tenedores, pondrían en peligro todo el proceso de canje de deuda cuya aceptación voluntaria fue de alrededor del 92%.
La resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".
Además, postula que la reestructuración debe hacerse "como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores".
También apunta a promover la transparencia "para aumentar la rendición de cuentas de los interesados", compartiendo tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda.
Se deja claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.
Explicita además, el principio de "sostenibilidad" que apunta a que en todas las reestructuraciones se deben preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".
