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Buscan evitar caída de juicios a militares
El presidente del FA, Jorge Brovetto, se entrevistó en los últimos días con autoridades del Partido Nacional, principal de oposición, el Partido Colorado y el Partido Independiente, los otros tres con representación parlamentaria, en la búsqueda de un consenso.
«Según algunas interpretaciones, a fin de mes estarían prescribiendo los delitos cometidos durante el período del terrorismo de Estado», dijo Brovetto en declaraciones a medios locales.
Por ello, el presidente del FA pidió a los otros partidos una definición sobre el tema para la próxima semana.
Desde Suecia, donde se encuentra en visita oficial, el presidente José Mujica dijo que está redactado un proyecto de ley para que los delitos de la dictadura sean considerados de lesa humanidad y por tanto no prescriban.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a medios locales que el proyecto no es impulsado por el Gobierno sino por el Frente Amplio.
Negociaciones
En las últimas semanas, también hubo negociaciones en la interna del FA para buscar un acuerdo y evitar un nuevo fracaso como el ocurrido el pasado mayo, cuando intentó dejar sin efecto la Ley de Caducidad pero no lo logró porque un diputado oficialista cuyo voto era decisivo se opuso.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, afirmó que la institución se mantendrá al margen del debate político. «En su momento, la Corte va a tomar postura, pero cuando el tema de acuerdo a las instancias procesales así lo determine», agregó.
Hace cinco meses, la SCJ respondió a un recurso presentado por una fiscal y determinó que los delitos cometidos en la dictadura prescriben el próximo noviembre, por considerar que son «ilícitos comunes» y no de lesa humanidad, que son los que no pierden vigencia.
El Código Penal uruguayo prevé 20 años de prescripción para el delito de homicidio, que es el más grave, y el plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y 8 meses.
La SCJ había determinado tiempo atrás que el período de dictadura no debe ser considerado para determinar la prescripción debido a la falta de garantías y toma como referencia la fecha del 1 de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia.
En marzo Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo responsabilizó de la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.
La Corte IDH dictaminó que la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes de la dictadura, no puede representar «un obstáculo para la investigación del caso Gelman «ni de otras graves violaciones de derechos humanos».
Agencias EFE y ANSA
