Cámara quiere pasar a la Corte la decisión sobre las reservas

Mientras se espera que la Cámara en lo Contencioso Administrativo decida esta semana la apelación que el Gobierno presentó para que la Corte Suprema decida sobre el congelamiento del DNU que creó el Fondo del Bicentenario, crece el peligro para el Gobierno de que sea el máximo tribunal quien finalmente deba decidir si mantiene o no la medida cautelar que congeló el uso de las reservas.

La Cámara, en medio de las presiones del Gobierno y la oposición, podría terminar aceptando la apelación a la Corte Suprema, argumentando un caso de «gravedad institucional», ya que, como se sabe, en esa instancia no se decide sobre el mantenimiento o no de medidas cautelares. En ese caso, la Corte seguramente tomará la causa y la dejará esperando una respuesta hasta que el Congreso se pronuncie sobre la ratificación o no de ese DNU, lo que sucederá entre el 2 y el 3 de marzo.

El procurador Joaquín Da Rocha pidió a la Cámara, con su actual constitución de jueces subrogantes, que elevara la apelación a la Corte con efecto devolutivo, es decir, levantando el congelamiento sobre el uso de las reservas. La doctrina en este punto no es pacífica, como gustan definir los abogados. De ahí que la Cámara pueda decidir elevar el caso a la Corte dejando a su decisión el mantenimiento de las medidas cautelares.

En ese caso, la Corte Suprema manejaría los tiempos de un pronunciamiento, a favor, en contra o desechando su competencia, esperando el pronunciamiento del Congreso sobre la ratificación o no del DNU.

Es el peor escenario que puede presentarse para el Gobierno, pero posible en medio de un ambiente de presiones desde el oficialismo y la oposición sobre los camaristas. Así, el miedo al escándalo institucional comenzó a ganar los pasillos de tribunales.

En ese caso, el uso de las reservas para ser transferidas al Fondo del Bicentenario quedaría supeditado a una decisión de la Corte que con seguridad nunca llegará a tiempo.

De todas formas, la oposición siguió insistiendo durante el fin de semana con el peligro de que la Cámara levante el congelamiento sobre el DNU 2010/09 y le dé al Gobierno una ventana para disponer la transferencia de las reservas a las cuentas del Bicentenario.

De hecho, el radicalismo reclamará hoy que se mantenga en pie la resolución judicial

que impidió la utilización de esos fondos. Ricardo Gil Lavedra trabaja en una presentación ante la Cámara para que la apelación que presentó el Gobierno sea rechazada por ese tribunal. Gil Lavedra firmará un escrito junto a Oscar Aguad y Gerardo Morales para recusar a los jueces de ese tribunal. Alegarán que existen datos sobre la relación entre el juez Sergio Fernández con el auditor general, Javier Fernández, señalado como uno de los principales operadores kirchneristas en la Justicia.

La recusación se presentará hoy a última hora o en las dos primeras horas de mañana, el mismo día en que la Sala en lo Contencioso Administrativo Federal IV quede habilitada para fallar sobre el pedido del Gobierno para que el caso sea elevado a la Corte Suprema.

«Lo que tenemos muy claro es que, de acuerdo con la legislación vigente y la jurisprudencia en esa misma Cámara, nunca se puede fallar con carácter suspensivo», dijo Gil Lavedra.

«Sería un verdadero escándalo si la Justicia le allana el camino al Gobierno», explicó.