La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto se presentó ayer ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para leer una declaración, convocada para esclarecer una de las hipótesis de los legisladores del oficialismo: que el fallo denominado “2x1” que benefició a represores y que fue dictado en 2017 por mayoría del máximo Tribunal fue negociado con el gobierno de Mauricio Macri. Parte de esa línea de investigación quedó expuesta ayer ante un cuestionario a los testigos, que incluyeron al exministro de Justicia Germán Garavano y a varios periodistas para establecer alguna correlación entre ese polémico fallo -que recibió un rechazo transversal- y la convalidación del Gobierno a la permanencia de la entonces jueza Elena Highton de Nolasco más allá del tope de los 75 años, días antes de que la Corte dictara el fallo “Schiffrin” donde taxativamente ordenó el cese de magistrados que alcanzaran ese límite de edad y no tuvieran amparos a su favor para continuar en funciones. Antes de la ronda de testigos, el Frente de Todos -como era previsible- pidió incorporar como prueba la nota remitida por el juez Ricardo Lorenzetti que como detalló Ámbito la semana pasada, hizo estallar una interna en la Corte ante desmanejos en la obra social del Poder Judicial. Hay toda una batería de pedidos respecto a ese eje que también se investiga en la comisión y se definieron ayer.
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Carlotto declaró ante la comisión de juicio político a la Corte por el "2x1" a represores
Carlotto declaró ante la comisión de juicio político a la Corte por el “2x1” a represores Titular de Abuelas cuestionó posición del máximo tribunal y relacionó serie de fallos como precedente. Asistió Garavano que respondió extenso cuestionario.
En su declaración, Carlotto criticó el “cinismo” de la Corte y subrayó: “Podemos decir que entre febrero y mayo del 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cuerpo, pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en 2004, primero generando un acotamiento en las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos y su exigibilidad a través del fallo Fontevecchia, para luego plasmarlo en un caso individual pero de proyección ilimitada en “Alespeiti” y finalmente consagrarlo al establecer una norma de impunidad general en el fallo “Muiña”. Advirtió sobre la demora de las causas de lesa humanidad que están en instancia de confirmación por parte del máximo Tribunal y le reprochó que no ejerciera “superintendencia” sobre la Cámara de Casación por su demora en la tramitación de las condenas. “Al desentenderse de esas demoras, la propia Corte las consiente”, sintetizó. “Debemos hablar de la inactividad de la Comisión Interpoderes, ya que tampoco desde allí se implementó una política judicial adecuada o un mecanismo de consulta sincero a los organismos en el último tiempo”, alertó. Se excusó de responder preguntas por cuestiones de edad y de salud y delegó cualquier inquietud en un abogado de Abuelas. Tras un breve debate entre oficialismo y oposición se despidió con el mensaje de que “todos somos argentinos, no hay enemistad, hay diferencias”. Integrantes del CELS solicitaron reprogramar su visita a la comisión.
Le siguió Garavano que durante el interrogatorio en el que hubo cruces -la mayoría en buen tono- hizo énfasis en que desconocía que la Corte iba a fallar en “Muiña” y que a título personal no le había agradado la decisión porque hacía extensiva su rechazo a cualquier aplicación del beneficio de “2x1” para cualquier tipo de delito. Ante algunos requerimientos, el exministro se excusó respecto a denuncias en curso en su contra por lo que estaba eximido de responder. Buscó dejar a salvo la idoneidad de Highton de Nolasco y lamentó que por tramos la comisión la “vapuleara” ante la sospecha de que había habido alguna suerte de intercambio por su posición en el fallo “Muiña” y el desistimiento de la apelación al amparo con el que pretendía quedarse en la Corte más allá de los 75 años.
“Esto fue largamente investigado. Lo investigó Federico Delgado y después de más de dos años concluyó, en un extensísimo dictamen, que esto no era así como usted lo plantea. Sus afirmaciones son incorrectas o falsas”, refirió acerca del temario por el que el oficialista Leopoldo Moreau lo interrogó y sobre varias de las denuncias con las que el kirchnerismo lo fustigó. Manifestó que estando en licencia, se comunicó con su segundo entonces, Santiago Otamendi -que reprogramó visita a la comisión- para no recurrir el fallo de Highton de primera instancia en base al antecedente Petracchi (en el que su antecesor Julio Alak no recurrió) y Fayt, por eso se mantuvo criterio. Y justifica rapidez de días en resolución debido a que se suponía que era un amparo y que se tramitan rápido.
El bloque oficialista insistió en preguntas en torno al exasesor de Mauricio Macri José Torello y en Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y su participación en temas de justicia. Afirmó que lo conocía y que a veces tuvo “bastante disenso” con respecto a las posiciones que sostenían. Y recordó que él fue el encargado de trabajar en el Senado con la oposición peronista para conseguir los votos necesarios para aprobar los pliegos de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti mediante el mecanismo constitucional. “Disentí con muchas decisiones de la Corte, pero eso es la democracia, si violaron la ley está bien que avance juicio, pero no por sus fallos”, advirtió, además de remarcar que siempre se mostró en contra de la aplicación de prisiones preventivas que definieron distintos tribunales respecto a exfuncionarios. Varios de los cruces con la oposición se dieron por preguntas que se consideraban ya respondidas.
También hubo preguntas dirigidas hacia otro de los ejes de la comisión que es investigar en torno al fallo por el Consejo de la Magistratura. Garavano sostuvo que cuando arribó a la gestión existía un fallo adverso (que es el que termina por confirmar la Corte cuando declara la inconstitucionalidad de la composición de 13 miembros) pero que su gobierno presentó formalmente una nota en el expediente que estaba en la Corte para solicitar una “suspensión de plazos” y trabajar así en un proyecto de ley que modificara la integración del órgano de selección y remoción de jueces. Hubo un velado reproche hacia los Diputados porque recordó que participó de una reunión ante comisiones de esa Cámara para impulsar su tratamiento pero que quedó estancado y nunca prosperó.
Gabriel Morini
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