"La presente petición se realiza toda vez que creemos importante que todo funcionario debe hacer público su patrimonio. No encontramos motivos para una respuesta negativa a la presente requisitoria, siendo que ayuda a afianzar la Justicia y a generar confianza en la ciudadanía en relación a los miembros de ese poder del Estado que deciden sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos", sostuvo el escrito que ingresó el viernes. La medida alcanza a todos los jueces federales del país de cualquier fuero, instancia y jurisdicción, aunque los dardos están dirigidos a los 12 que integran Comodoro Py, con un perfil político elevado. Los "lilitos" sostienen que es "una obligación" presentar el detalle de bienes registrados a nombre de los magistrados, pero que a pesar de estar alcanzados por la Ley de Ética Pública, en el Poder Judicial es muy difícil conseguir las declaraciones de los federales, y directamente "imposible" la de algún miembro de la Corte, en referencia a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
A su vez, reclamaron que el Consejo de la Magistratura informe sobre las obras llevadas a cabo por el Poder Judicial, así como empresas contratadas por el Comité de Inversiones y Alquileres dependiente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo. Una auditoría reciente reveló desmanejos en el fondo asignado para obras, con contratistas que habían recibido adelantos superiores a los avances, o que volvieron a ser empleadas a pesar de haber incumplido tareas previas. "Si se le puede hacer seguimiento a la obra pública del Ejecutivo, ¿Por qué no se podría hacer lo mismo con la del judicial?", se preguntó Fernando Sánchez, co-firmante de la petición. Uno de los objetivos de ese sector de Cambiemos es poner un ojo en el denominado Fondo Anticíclico, administrado por la Corte.
Al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, Carrió y Sánchez le solicitaron que informe respecto del estado de ejecución de las obras pendientes realizadas en los últimos diez años; que consigne los pagos que se hayan realizado; que informe de adelantos versus avance de obra al momento de hacer cada pago y nómina de empresas adjudicatarias.
En su cruzada contra Lorenzetti, que ya lleva varios capítulos, Carrió apunta ahora a tener la máxima información patrimonial posible de los jueces, y presiona con evitar que exista margen para que se autolegisle una Ley de Ética Pública que los exima de realizar las presentaciones de rigor. En ese marco, se prevé en el Congreso la votación de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde desde el sector que lidera la chaqueña, "impedirán" que los jueces queden exceptuados de esa reglamentación.
AFIP
Desde los tribunales federales leyeron el nuevo pedido de Carrió como una respuesta a la imputación formulada en su contra por Taiano, en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio sobre posible "violación de secretos". En una causa conexa, su par Luis Rodríguez ordenó el jueves una serie de allanamientos a la sede central de AFIP y al domicilio de Jaime Mecikovsky, subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, sindicado en una denuncia impulsada por el kirchnerismo como quien organizaba la "filtración" de información sensible sobre personas políticamente expuestas. De ese allanamiento el juez secuestró dos computadoras que están siendo analizadas.
| G.M. |


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