Carrió y kirchneristas, ahora más desreguladores que Macri en Capital

Elisa Carrió

La promesa de Mauricio Macri a los empleados municipales de permitirles cambiar de obra social deberá ahora esperar modificaciones que le exige la oposición. El jefe de Gobierno quiere ponerle fin a esa puja que le generó el primer conflicto no bien asumió, cuando enfrentó al gremio de los estatales porteños Sutecba provocando la baja de personal contratado que el sindicato replicó con una manifestación. La respuesta de Macri fue entonces la intervención de la obra social municipal, OBSBA, que venía manejándose con la ayuda de subsidios para mantener sus cuentas. La semana que viene, la Legislatura porteña tiene previsto tratar el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para desregularizar la obra social que, como las provinciales de otros distritos, no tenía esa posibilidad.
Pero en la propuesta macrista, el sindicato seguiría manejando todos los fondos de los afiliados, aun de aquellos que opten por los servicios de otro gremio. Es que si bien la OBSBA es una prestadora estatal, su manejo está en manos del sindicato. Así lo impone la Ley 472 que obliga a la conformación de un directorio que integran tanto gremialistas como representantes del Gobierno porteño, pero deja la presidencia en manos del gremio. En el momento de la intervención, la conducción de la prestadora la ejercía Patricio Datarmini.
La propuesta del Gobierno en el proyecto de ley es que la OBSBA sea la encargada de transferir el 3% de los aportes que hacen los afiliados a la prestadora a la cual quieran mudarse. La Coalición Cívica replicó esa propuesta considerando que de ese modo el dinero sigue siendo administrado por la obra social que venía siendo cuestionada antes de la intervención. El kirchnerismo también está dispuesto a cambiar ese artículo, algo que se discutía anoche con representantes de distintos bloques y del Gobierno de la Ciudad.
La oposición quiere que en la ley quede claro que si un afiliado opta por otra prestadora, sea el Estado de la Ciudad a través de Rentas (AGIP) el que gire los fondos a los distintos gremios, de similar forma que ocurre con los privados.
Pero de todos modos, la OBSBA seguirá recibiendo además el 3% que se descuenta para los pasivos, ya que los municipales no tributan al PAMI, sino que quedan en su obra social original.
Actualmente, la OBSBA cuenta con 249.800 beneficiarios de los cuales 70.000 son pasivos. Para la atención cuenta con aproximadamente $ 40 millones mensuales y ha recibido subsidios del Gobierno porteño por $ 20 millones. La intervención, a cargo de Jorge Rey -nombrado por Macri-, evitó el pedido de subsidios y generó un fondo de reserva de u$s 4 millones que se encuentra depositado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Posible éxodo
El reclamo de los municipales por traspasarse de prestadora hace pensar que habría un éxodo importante de afiliados hacia otras obras sociales, algo que tanto los sindicalistas como el propio interventor tratarán de amortiguar difundiendo las bondades de no elegir otro servicio de atención médica.
Desde el kirchnerismo, el legislador porteño Juan Manuel Olmos, vicepresidente segundo de la Legislatura de la Ciudad, explicó a este diario: «Estamos trabajando para modificar un artículo del proyecto de ley para que los fondos de los afiliados que opten por otra obra social queden depositados directamente y no los deba retener la OBSBA».
Casi más desreguladores que Macri, también los opositores de la Coalición Cívica observaron la cuestión.
El bloque de la Coalición Cívica, que conduce Enrique Olivera, coincidió en el reclamo de la libre opción de los afiliados de OBSBA, pero advirtió «sobre el riesgo de que esa desregulación se frustre por el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo». Dicen los carriocistas que «sorprendentemente, el artículo 3 mantiene a OBSBA como la destinataria de los aportes del Gobierno de la Ciudad y de sus afiliados, aun cuando ellos hayan decidido elegir otra obra social».
Por eso la bancada reclamó un informe certero sobre la situación patrimonial de la prestadora, que «según el actual interventor es preocupante» y consideró que «no se puede tratar a ciegas un proyecto de ley que puede frustrar las expectativas de los beneficiarios».