Cascada: más provincias reclaman fondos a Corte

Alfredo Cornejo

 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anteayer ordenaron al Gobierno central restituir a Córdoba, Santa Fe y San Luis los fondos que les corresponden por coparticipación federal de impuestos, sin el 15% de descuento que se aplica en la actualidad -que financia a la ANSES- y que fue objetado por esos distritos, activaron en las últimas horas un efecto rebote en Mendoza, Entre Ríos y Chubut. Incluso, desde Cuyo presentaron ayer tres cartas documento ante organismos de la Administración Central para recuperar lo adeudado.

"Comenzamos ayer el trámite administrativo para resguardar los intereses de la provincia y enviamos tres cartas documento al Ministerio de Economía de la Nación, a la AFIP y al Banco Nación, respectivamente", señaló a Ámbito Nacional el fiscal de Estado de Mendoza y exsenador provincial, Fernando Simón. Por la mañana había pedido algo similar a sus colaboradores el gobernador electo de ese distrito, el radical Alfredo Cornejo.

La carta documento que envió Simón a la AFIP trata, en realidad, sobre otros dos fallos de la Corte del martes último en causas promovidas por San Luis y Santa Fe, que declararon la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 1.399/01 del PEN, que establecieron una deducción de recursos coparticipables equivalente, en la actualidad, al 1,90% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo del organismo que lidera Ricardo Echegaray.

"Creo que todos los gobernadores van a pedir audiencia al Poder Ejecutivo para solicitar que se realice un acuerdo. Creo que ése sería el procedimiento, porque van a buscar que el fallo se haga extensivos a todos los distritos", avizoró desde Entre Ríos el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Para Signes, las decisiones adoptadas por la Corte representa, para el reclamado federalismo, las más importantes desde "el punto de vista de la repercusión económica", y detalló: "El Estado tiene 120 días hábiles para resolver de qué modo van a pagar. Ahora habrá que lograr que el fallo se extienda a las demás provincias. Esta resolución es inapelable salvo una cuestión de nulidad, que acá no la hay".

Tanto Mendoza como Entre Ríos estiman que sin la retención ahora ilegal, estos dos distritos recibirían cada uno cerca de 3.000 millones de pesos, sin tener en cuenta un arreglo por lo adeudado durante los últimos años. Según datos del IARAF, en Santa Fe y Córdoba los números son casi iguales porque reciben idéntica coparticipación.

Para la provincia que gobernará desde el 10-12 el socialista Miguel Lifschitz son alrededor $ 5.000 M y otro tanto para Córdoba, más unos $ 1.000 M para San Luis. "Estos valores hay que actualizarlos, y con una tasa 'benigna' del 20% anual, se llega casi a $ 89.248 millones en total", calcularon.

"La Corte Suprema nunca ha provocado una crisis financiera. Nosotros estudiamos bastante bien los temas y las consecuencias", manifestó en declaraciones radiales Lorenzetti, y dejó en claro que los fallos tratan sobre "provincias específicas que reclaman" y no es "generalizables", ya que "los casos son individuales". Además, el magistrado dijo que la judicialización de este tema surgió "porque se dejó de negociar".

Por su parte, el titular de la ANSES, Diego Bossio, resaltó: "No quiero presagiar catástrofes, pero advierto que es un fallo que no tuvo en cuenta la sustentabilidad del sistema (previsional). Más que la devolución de los recursos, me parece complicado no contar con ese 15 por ciento diario".

Según pudo saber este diario, la discusión que ahora le pide la Corte al Congreso acerca de la coparticipación fue debatida intensamente por la Comisión Federal de Impuestos, integrada por todos los titulares de Economía de las provincias. "Las provincias están estudiando a fondo el tema y ha sido objeto de detallada consideración", reconoció un ministro.

La puerta que abrió la Corte también fue vista con buenos ojos por Chubut: allí, un legislador provincial impulsó meses atrás un proyecto de resolución para instar a la provincia a realizar los reclamos ante Nación.

Santa Fe buscará derivar los fondos, casi con exclusividad, a infraestructura.