Caso Río Tercero: piden elevación a juicio

Los fiscales federales Carlos Gonella y Guillermo Lega solicitaron la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida en 1995. En su dictamen, los representantes de la Procuración General de la Nación destacaron que existen las pruebas suficientes para avanzar en la hipótesis de que el hecho fue supuestamente intencional con el presunto objetivo de «ocultar el faltante de armas ilegalmente exportado a Ecuador y Croacia».

En un extenso escrito de 110 páginas los fiscales, integrantes de la comisión especial formada en 2008 por el procurador general de la Nación Esteban Righi para acelerar la investigación del hecho, sostienen que la explosión de la fábrica militar fue producto de «una decisión tomada en las más altas esferas del poder político de entonces» y que las pruebas reunidas durante la pesquisa pueden acreditar que el estallido fue supuestamente programado y organizado.

Gonella y Lega basan gran parte de su argumentación sobre los fundamentos del reciente fallo sobre el juicio por la presunta venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, en el que ningún acusado fue condenado, ya que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 consideró que los hechos no respondían a la calificación penal de contrabando. En este punto, los fiscales enfatizaron que, más allá de la resolución de los magistrados, éstos sí dieron por acreditados los movimientos ilícitos de material bélico al exterior. Una de las fábricas supuestamente involucradas en la producción de estas armas fue la de Río Tercero.

Involucrados

Sobre la base de esta argumentación, los fiscales solicitaron la elevación a juicio por el supuesto delito de estrago doloso agravado de los oficiales retirados del ejército Edberto González de la Vega, Jorge Antonio Cornejo Torino, Oscar Nicolás Quiroga, Marcelo Diego Gatto y Carlos Franke, así como el exsubinterventor de la Dirección de Fabricaciones Militares, Norberto Emanuel.

La explosión de la fábrica militar produjo la muerte de siete personas y ya lleva más de 15 años de proceso. En su momento, el entonces presidente Carlos Menem explicó públicamente que el estallido había sido un accidente, pero cuando la causa fue elevada a juicio en 2001 como un hecho imprudente comenzaron a surgir supuestas irregularidades que derivaron en la presente pesquisa.