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Castro ordena 50 detenciones tras la muerte del disidente
El Presidente negó torturas y culpó a EE.UU. Sitian la ciudad del preso político fallecido por una huelga de hambre
El Gobierno de Castro se negó en un primer momento a entregar el cadáver, pero anoche autorizó a que el entierro se lleve a cabo hoy en la ciudad de Banes, donde nació Zapata. En esa localidad del este de la isla, agentes de seguridad del Estado y policías cercaban el paso.
Martha Beatriz Roque, una de las pocas integrantes de la oposición que logró asistir al velorio de Zapata, explicó que la seguridad finalmente «accedió» a realizar el entierro hoy a partir de las 7 en Banes, en la provincia de Holguín, a unos 750 kilómetros al este de La Habana, tal como había solicitado la madre del fallecido, Reina Tamayo.
Situación difícil
Según Roque, la situación en el pueblo del oriente cubano «es muy difícil» porque la seguridad del Estado vigila, pero «no da la cara» y «manda a una doctora que parece una esbirra a comunicarse» con la familia.
«No existen torturados, no hubo torturados, no hubo ejecución. Eso sucede en la base (estadounidense) de Guantánamo», en el este de Cuba, atinó a decir Raúl Castro al ser consultado por periodistas brasileños en el Puerto de Mariel, que visitó con el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente lamentó la primera muerte en 40 años de un opositor en huelga de hambre y afirmó que es «el resultado de la relación con Estados Unidos».
Un comunicado cubano con esas palabras fue enviado también a la prensa extranjera acreditada en la isla, a la que no se permitió el acceso a Mariel para cubrir la visita de Lula (ver aparte).
Zapata Tamayo, albañil de 42 años, falleció el martes en un hospital de La Habana tras pasar 85 días en huelga de hambre para exigir un tratamiento digno en prisión en la que había sido confinado por razones de conciencia. Los disidentes afirman que el régimen mantiene a 200 presos políticos, mientras que organizaciones humanitarias internacionales rebajan esa cifra a un cuarto de esa cantidad.
Por su parte, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció que tras la muerte de Zapata Tamayo, se desató una «oleada de represión política», con al menos 25 detenidos y otros tantos retenidos en forma ilegal en sus casas.
Según dijo el vocero de la CCDHRN, Elizardo Sánchez, la mayoría de las «detenciones arbitrarias» confirmadas tuvo lugar en las provincias orientales del país, «sobre todo para evitar que los disidentes asistan a los funerales».
El opositor cubano Oswaldo Payá culpó por su parte al Gobierno de haber «asesinado lentamente» a Zapata, y afirmó que la oposición continuará su lucha «sin odio». Además, acusó a Lula de ser cómplice de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
«Si el Gobierno cubano sigue por este camino, va a provocar más muertes, porque esta muerte es provocada por su obcecación, por su crueldad, por su miedo a perder el poder absoluto», indicó Espinosa Chepe, que al igual que el preso político fallecido, fue uno de los 75 disidentes condenados en 2003 en la llamada «Primavera Negra», y que actualmente está excarcelado por motivos de salud.
Eutanasia
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, del Arco Progresista, la muerte del joven albañil fue una especie de «eutanasia política» o «muerte asistida en la que se refleja el desprecio por la vida humana».
Zapata había sido detenido el 20 de marzo de 2003 durante un ayuno que se realizaba en la casa de la disidente Marta Beatriz Roque para pedir la liberación de Oscar Elías Biscet.
Inicialmente fue condenado a 3 años, pero acumuló, «tras nueve juicios sumarísimos sin posibilidad de auxilio de abogado», según Yoani Sánchez, un total de 36 años de prisión por varios delitos, entre ellos por «desacato a la figura del Comandante (Fidel Castro)».
Zapata era el segundo de cinco hermanos de una familia humilde dedicada a la agricultura, contó desde Holguín Caridad Caballero, amiga de la familia.
Agencias EFE, ANSA y DPA
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