CGT-Caló se sube a críticas a reforma

La CGT oficialista sorprendió ayer al Gobierno al dar a conocer un documento crítico a los proyectos de reforma judicial que envió al Congreso. Un día antes del tratamiento en la Cámara de Diputados de las iniciativas más sensibles, la central que conduce Antonio Caló cuestionó en particular la de limitación de las medidas cautelares. El pronunciamiento no estuvo exento de las internas clásicas que atraviesan la organización: aunque prosperó por el impulso de los "gordos" de los grandes gremios de servicios y un guiño de Caló, los sectores más alineados con el Ejecutivo objetaron la oportunidad política para publicarlo.

Los proyectos "contienen aspectos positivos en algunas materias importantes, pero otros afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores que no podemos acompañar", señala al inicio el documento que lleva la firma de Héctor Daer, del gremio de Sanidad y secretario de Prensa de la CGT oficialista. Además del límite sobre las cautelares, la entidad objetó el artículo 17 que reglamenta los amparos frente a los "servicios públicos esenciales", considerado un posible mecanismo para frenar huelgas. Y también la creación de cámaras de Casación de Seguridad Social y del Trabajo, por entender que sólo retrasará la definición de los juicios iniciados por jubilados y asalariados.

Las críticas a los proyectos, similares a las planteadas por la CGT opositora de Hugo Moyano, eran hasta ayer potestad exclusiva de Oscar Lescano (Luz y Fuerza) dentro de la central alineada con el Gobierno. Otros dirigentes habían sugerido cuestionamientos pero siempre en reserva.

Sin embargo, otros "gordos" como Carlos West Ocampo (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio) comenzaron a trabajar la semana pasada en un borrador con las principales objeciones. El viernes, Héctor Daer hizo circular esos papeles entre los miembros del Consejo Directivo. Y ayer por la mañana, al parecer con un guiño favorable sólo de Caló, avisó que el documento se daría a publicidad.

La organización planeaba tratar hoy los proyectos de reforma judicial en su reunión de Consejo Directivo. En ese caso cualquier pronunciamiento hubiese resultado meramente testimonial, por hacerse público el mismo día del debate parlamentario. Los "gordos" resolvieron entonces presionar sobre el metalúrgico y apurar la emisión del documento.

De hecho, West Ocampo y Lescano habían intentado convencer la semana pasada a Caló de los riesgos de los proyectos, pero les resultó imposible ubicarlo. El dirigente encabezaba en Mar del Plata el Congreso anual de la UOM.

Aunque no se prevén voces abiertamente disidentes dentro de la CGT respecto del pronunciamiento, en varios sectores hubo malestar por la oportunidad elegida para darlo a conocer. Es que en el plenario de secretarios generales del 10 de abril la organización evitó discutir un documento crítico al Gobierno y sobre esa base reclamó una audiencia con Cristina de Kirchner. Anoche varios sindicalistas evaluaban que ese encuentro se hará ahora más dificultoso.

Ni los "independientes" Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) ni Omar Viviani (taxistas) estaban de acuerdo en publicarlo. Ante ese escenario, West Ocampo aprovechó una señal favorable de Caló para darlo por aprobado y enviarlo a los medios.

El texto difundido ayer destaca el valor de los amparos y las medidas cautelares y recuerda que con esos mecanismos, la CGT "ha garantizado derechos laborales fundamentales puestos en crisis por incontables decretos del Poder Ejecutivo de flexibilización laboral, rebajas salariales, rebajas jubilatorias, modificaciones a las asignaciones familiares, modificaciones al sistema de salud y al modelo sindical".

También juzga "excesivo el poder que se arroga el Estado en el artículo 17 de la reglamentación del derecho de amparo en relación con los servicios públicos esenciales". Los gremialistas temen que sobre la base de esa normativa puedan frenarse por vía judicial los paros de trabajadores.

Respecto de la creación de nuevas cámaras de Casación, señala que "tendría como primer efecto la retardación del dictado de sentencias definitivas en los procesos laborales y de la seguridad social, afectando directamente los intereses de todos los trabajadores activos y pasivos en litigio. Finalmente, no compartimos la celeridad impuesta a la agenda parlamentaria y reclamamos un debate amplio y participativo", concluye el texto con el sello de estos "gordos" que se habían constituido en la otra CGT oficialista.