El sindicalismo opositor aumentará la presión sobre la CGT por un paro nacional para fines de abril y analiza desertar de la marcha pautada para el 4 de ese mes a la Plaza de Mayo. La posible huelga, la quinta contra la administración de Mauricio Macri, está en estudio por parte de la dirigencia disidente para el 24 o el 30 de abril y se concretará más allá de la respuesta de la central mayoritaria, tal como anticipó ayer este diario. Ayer Pablo Moyano confirmó que su sector le va a “exigir” a la CGT “un paro en abril” y dijo lamentar que la organización hubiese estado “ausente” en la conmemoración del último golpe de Estado este domingo.
“Le vamos a exigir a la CGT un plan de lucha que tiene que continuar con un paro nacional en abril”, dijo ayer el hijo mayor de Hugo Moyano. De paso, cuestionó al Gobierno por entender que fue un “fracaso total” su intento de controlar la inflación y acusó al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, de ser “un títere más del FMI”. Además, adelantó a la radio Futuröck que en la próxima paritaria el gremio de Camioneros reclamará “más del 40 por ciento” de aumento salarial.
Pablo Moyano es, de hecho, uno de los dirigentes que paradójicamente desalienta la concurrencia a la marcha del 4 de abril a la Plaza de Mayo. En los últimos días les dijo a sus colaboradores que acudir a esa movilización sólo fortalecerá a los denominados “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el Ejecutivo que hoy sostienen la conducción de la CGT. A pesar de haber sido quien terminó de acordar la participación conjunta en la movilización junto a Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la central, a la dirigencia leal a su padre le sugirió esta semana restarle volumen a la protesta.
Aunque pudiese parecer contradictorio, la reticencia con el 4-A responde a que parte de los gremialistas se convenció de que el foco debería ponerse en un posible paro nacional a fin del mes que viene. Se trata, como explicó ayer este diario, de una medida ambiciosa y arriesgada por la posibilidad cierta de no contar con el aval institucional de la CGT, en general, y de los sindicatos del transporte público en particular, como la Unión Tranviarios Automotor (UTA, colectiveros) y La Fraternidad (maquinistas de trenes).
A pesar de esas limitaciones en el horizonte, el Frente Sindical por el Modelo Nacional y la Multisectorial 21-F (dos sellos que motoriza Moyano) confían en otros factores para esperar un paro contundente: en primer término creen que el hastío de buena parte de los trabajadores con el modelo económico de Cambiemos dotará de adhesiones espontáneas a la medida en forma masiva.
Pero además esperan contar con gremios que, a pesar de estar dentro de la estructura de la CGT, se vean en la necesidad de incrementar el nivel de confrontación por la pérdida incesante de puestos de trabajo. En ese sentido cifran sus expectativas en la posible repercusión de una medida de alcance nacional en las regionales de la CGT en las provincias, en donde Pablo Moyano realizó visitas entre 2017 y 2018 mientras formó parte del Consejo Directivo de la central. El camionero también prevé echar mano de su cargo como vicepresidente de la federación internacional de gremios del transporte (ITF) para darles cobertura formal a los huelguistas.
El frente sindical y la Multisectorial 21-F contienen, además de Camioneros, a gremios de la CGT como los mecánicos del Smata y los que integran la Corriente Federal de Trabajadores, como la Asociación Bancaria, los pilotos de APLA y la Federación Gráfica, así como las dos versiones de la CTA (que este martes ya votaron unirse en un paro en abril a la espera de la decisión final de Moyano) y organizaciones sociales opositoras al Gobierno.
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