Chávez, fulminator: echó a jueza no obediente

Hugo Chávez, hace pocos días en La Paz. El mandatario venezolano presiona para quitar la licencia a los dueños del canal opositor Globovisión.

Caracas - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó ayer la destitución de la jueza Alicia Torres, según informó ayer la propia magistrada, quien ratificó que fue «presionada» por el Gobierno en el caso abierto contra el presidente del canal de TV opositor Globovisión, Guillermo Zuloaga.

Desde su casa, donde cumple reposo médico a raíz de una crisis de la presión arterial, la titular del Tribunal 13 de Caracas aseguró que debido a esas intromisiones firmó anteayer las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante un tribunal contra Zuloaga.

Torres expresó que «teme» por su vida y acusó a la presidenta del Circuito Judicial de Caracas, Venice Blanco, como la ejecutora de esas supuestas presiones que ha recibido, no sólo en el caso de Zuloaga sino en otros dos que involucraron a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, explicó la jueza a medios locales.

«Yo firmé (las medidas cautelares) por el acoso que ella (Blanco) me tenía», recalcó la jueza a los periodistas, y explicó que las «boletas» con esas decisiones fueron sacadas de su despacho por «alguien» y entregadas al personal judicial correspondiente. No obstante, el TSJ no emitió hasta el momento ninguna información al respecto.

Zuloaga fue imputado de «usura continuada» por el almacenamiento irregular, que se le atribuye, de 24 vehículos en una vivienda de su propiedad y de conspiración para delinquir.

Las autoridades dijeron que el decomiso se debió a supuestas irregularidades en el proceso para venderlos.

Zuloaga, quien también es dueño de una empresa de venta de autos, afirmó que ninguna de las actuaciones de la Fiscalía encontró delitos, por lo que indicó que «aquí lo que hay es una intención de molestar».

Causas

El empresario debe responder por varias causas judiciales, al igual que su canal, al que denunció la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y que enfrenta multas estatales por unos u$s 4,2 millones y cinco expedientes administrativos, dos de los cuales podrían acarrearle el retiro del permiso para transmitir en abierto que concede el Estado como administrador del espectro radioeléctrico.

En su defensa, la destituida jueza aseguró que «no soy política, soy independiente, no soy ni de la oposición, ni conozco a nadie».

Este caso es el resultado de la tensa relación entre el Gobierno venezolano y Globovisión, canal que suele ser muy crítico con las políticas del Gobierno del presidente Hugo Chávez y que ha sido objeto de duras advertencias por parte del mandatario en las últimas semanas.

Según el Gobierno de Chávez, desde el inicio de esta década la emisora impulsó el golpe de Estado y el magnicidio.

Agencias EFE, ANSA, AFP y DPA