Condena por el caso Jara

El exmilitar chileno Pedro Barrientos fue hallado culpable del asesinato del cantautor Víctor Jara y condenado a pagar a su familia u$s28 millones.

VICTOR JARA. Su asesino, el exmilitar Pedro Barrientos, fue condenado en Orlando y podría ahora ser extraditado a Chile.

Miami - Un exmiembro del Ejército chileno fue declarado ayer culpable por un tribunal estadounidense de los delitos de asesinato y aplicación de torturas contra el famoso cantautor Víctor Jara. La declaración de culpabilidad fue emitida por un tribunal de Orlando contra el exteniente chileno Pedro Barrientos, ahora ciudadano estadounidense, al cabo de un juicio civil iniciado por familiares de Jara.

El jurado pidió al exmilitar el pago de una compensación por daños y perjuicios de 28 millones de dólares para la familia Jara. El cantautor fue torturado y asesinado en el Estadio Nacional de Chile en 1973, poco después de implantada la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Durante el juicio, Barrientos aseguró que supo de los sucesos que llevaron a la muerte de Jara mucho después de ocurrido y que no conocía de la existencia del músico. Pero varios testigos aportados por la parte acusadora señalaron que Barrientos fue uno de los oficiales que estuvo a cargo del Estadio (ahora llamado Víctor Jara), convertido en un centro de detenciones y torturas. Joan, la viuda de Jara, y sus hijas Manuela Bunster y Amanda lloraron de alegría y se abrazaron con sus abogados al conocer la resolución del tribunal, mientras Barrientos recibió la noticia en silencio y con la vista clavada en el piso.

La defensa de los familiares de Jara consideraron que esta declaración de culpabilidad puede motivar al Gobierno de Estados Unidos a agilizar la extradición de Barrientos a Chile. En el momento del asesinato de Jara, Barrientos prestaba servicio en el regimiento Tejas Verdes, posterior cuna de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), y se hallaba en Santiago, donde apoyó el levantamiento militar y el derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

El caso fue abierto en la corte federal del distrito medio de Florida, con sede en Jacksonville, en 2013, cuando el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) interpuso una demanda, en la que sitúa a Barrientos a cargo de "la vigilancia de la detención de civiles" en el estadio nacional de Chile. Según la demanda, Barrientos fue el encargado de supervisar la detención de Jara en los vestuarios del estadio.

"Los soldados bajo la dirección de Barrientos vendaron los ojos, esposaron, interrogaron, golpearon brutalmente y torturaron a Jara. El lugarteniente Barrientos ordenó a sus soldados que lo golpearan y torturaran para castigarlo por sus creencias políticas y su apoyo al presidente Allende", describe la demanda.

Después de las torturas, Barrientos puso a Jara "una pistola detrás de la cabeza" y jugó a la "ruleta rusa" con su pistola, colocando varias balas de forma aleatoria en el tambor del revolver.

"Durante este 'juego', Barrientos disparó a Víctor Jara en la parte de atrás de la cabeza. Después ordenó a otros cinco reclutas bajo su mando que le dispararan repetidamente", revive la demanda, que asegura que el ex militar supervisó el traslado fuera del estadio del cuerpo de Jara, que fue hallado en un barrio popular aledaño a un cementerio junto a otros ejecutados no identificados.

Víctor Jara había sido detenido junto a profesores y alumnos de la Universidad Técnica del Estado (UTE), donde era docente, y conducido al estadio nacional de Chile, donde fue torturado y acribillado con 44 balazos el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Pinochet. El Gobierno de Chile presentó una acusación formal contra Barrientos en diciembre de 2012 junto a otros siete ex oficiales por distintos grados de responsabilidad en la muerte de Jara, por lo que se abrió una solicitud de extradición y se dictó una orden de captura internacional. Bajo la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidos, y más de 33.000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.