"Lamentamos profundamente la decisión de Texas de ejecutar a Edgar Tamayo", recalcó en Twitter el secretario (ministro) de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade.
La Unión Europea, Francia y diversas ONG internacionales se sumaron a la condena por la ejecución de Tamayo, un mexicano de 46 años declarado culpable de haber asesinado a un policía estadounidense en 1994 y que, tras 20 años de reclusión, fue ejecutado la noche del miércoles en Hunts-ville (Texas), mientras en su pueblo natal familiares y vecinos oraban por un improbable indulto.
También el Gobierno federal de Estados Unidos lamentó ayer la decisión de Texas, al destacar la importancia "crítica" de que el país respete sus obligaciones internacionales para asegurar el acceso a asistencia consular de sus ciudadanos detenidos en el extranjero.
El Departamento de Estado reiteró que en Estados Unidos se deben respetar las obligaciones contenidas en el llamado "Caso Avena", que aglutina los expedientes de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos a los que no se les respetó el derecho a la asistencia consular, incluido Tamayo. De acuerdo con un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIH) de 2004, las autoridades de Estados Unidos deben revisar los procesos del "Caso Avena".
La Convención de Viena de 1963, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares al ser arrestado. Sin embargo, los estados de Estados Unidos gozan de autonomía para acatar -o no- este tipo de resoluciones y el presidente de la nación carece de autoridad para imponer a los tribunales estatales decisiones de cortes internacionales.
Tamayo fue el tercer preso incluido en el "Caso Avena" en ser sometido a la pena de muerte y el próximo podría ser su compatriota Ramiro Hernández, a quien ya se le dictó la fecha del 9 de abril para su ejecución en Texas.
"¡Pido clemencia, justicia!", exclamó entre sollozos Martha Llanas, madre de Hernández, condenado a recibir una inyección letal por acuchillar a una celadora durante su arresto por el asesinato de su expatrón y la violación de la esposa de éste.
Luis de la Barreda, coordinador del programa de Derechos Humanos de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), augura un panorama "pesimista" para Hernández y para el resto de mexicanos en la misma situación.
De los cerca de 96 latinoamericanos que aguardan actualmente en el corredor de la muerte en cárceles estadounidenses, 58 son de nacionalidad mexicana.
"La pena de muerte es peor que un homicidio porque es algo organizado por el Estado, y a la privación de la vida se une la tortura de la espera del condenado", manifestó De la Barreda, haciendo eco a la posición de Francia y la Unión Europea.
"No es asunto menor (...) que Texas invoque una soberanía propia" para ignorar una revisión del caso ordenada por la CIJ, escribió ayer en el diario Reforma Jorge Castañeda, el excanciller mexicano (2000-2003) que diseñó el "Caso Avena".
"Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, mas no a la pena capital, con la que concluyó su vida", añade.
| Agencia AFP |
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