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Confirman ilegalidad de la CGT de Moyano
Hugo Moyano
el 12 de julio pasado, en un congreso en el que Moyano fue reelecto por cuatro años. Los asesores del sindicalista presentaron un recurso para que el ministro Carlos Tomada resuelva la cuestión de fondo, y en caso de un nuevo pronunciamiento desfavorable, acudirán a la Justicia.
En un juego de presentaciones burocráticas cruzadas, la nueva CGT, liderada por el metalúrgico Antonio Caló, se encamina en el corto plazo a su validación por parte de la cartera laboral. Una vez que la repartición oficial termine el proceso de certificación de autoridades (se prevé entre esta semana y la que viene), Moyano quedará definitivamente sin margen legal para participar en las instancias formales de diálogo y negociación a nivel local e internacional.
En silencio, la directora nacional de Asociaciones Sindicales, Elena de Otaola, confirmó el 5 de octubre su pronunciamiento de julio pasado en el que había aceptado los argumentos presentados por cuatro sindicatos (Sanidad, Comercio, Luz y Fuerza y mecánicos de SMATA) en contra de la validez de los pasos que dio Moyano para ser reelecto. El dictamen está en línea con una frase que les dedicó Cristina de Kirchner a los dirigentes de la nueva CGT cuando los recibió en la Casa Rosada la semana pasada, y habló de una central «legal y legítima».
En paralelo, Moyano ordenó a sus asesores legales impugnar el congreso que sus rivales hicieron el 3 de octubre en Obras Sanitarias con dos argumentos centrales: gremios que participaron de ese cónclave están en mora con la cuota que deben abonar en la CGT, y dirigentes como Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) se ausentaron de varias reuniones de Consejo Directivo, lo que a su juicio les impediría participar de una elección.
Más allá del pronunciamiento final de Trabajo, la suerte de ambas centrales está echada. Moyano quedará condenado a ejercer la jefatura de una CGT sin reconocimiento (equiparable a «Azul y Blanca», de Luis Barrionuevo, y a las versiones oficialista y opositora de la CTA), y Caló ejercerá al frente de la única central formal de la Argentina. El paso siguiente será la judicialización del conflicto y la exigencia de
la nueva central de desalojar la sede de la CGT, que ocupa Moyano con sus colaboradores.

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