Congeló Alan García una amnistía encubierta

La imagen de archivo muestra al presidente Alan García junto a Mario Vargas Llosa, cuando el escritor aceptó ser director del proyecto del Museo de la Memoria. Vargas Llosa renunció en repudio a la amnistía decretada por García.

Lima - Forzado por las críticas dentro y fuera de su país, el presidente de Perú, Alan García, debió modificar un decreto gubernamental que beneficiaba a procesados por violaciones a los derechos humanos. A la ola de oposición a la medida anunciada la semana pasada se sumó una airada protesta de Mario Vargas Llosa, lo que terminó de torcer el brazo del presidente.

El diario oficial El Peruano publicó ayer una fe de erratas del Decreto 1097 en la que se establece que parte de sus alcances se enmarquen en la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional.

El decreto original, promulgado hace dos semanas, fue criticado por la oposición y organismos de derechos humanos, que advirtieron que la norma favorecería a militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000) e incluso durante el primer período de García (1985-1990).

Vargas Llosa había denunciado que esa ley significa una «amenaza apenas disfrazada» y que mediante una «triquiñuela jurídica» se abre «la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos».

En consecuencia, el autor de «Conversación en la catedral» renunció de manera irrevocable a presidir el proyecto de construcción del Museo de la Memoria, para recordar a las víctimas de la guerra interna contra grupos rebeldes en las dos últimas décadas.

Vargas Llosa, un severo crítico del primer Gobierno de García, había aceptado ese cargo en diciembre de 2009 ante un pedido que le formuló el mandatario, lo que puso punto final a una larga enemistad por razones políticas.

Este cuestionamiento parecía haber empujado al Gobierno a emitir la corrección, aunque García rechazó esa posibilidad.

«Tanto poder no tiene Vargas Llosa», indicó. «El sábado dije que había muchas interpretaciones y en algunos casos malas interpretaciones (y) por aquello de que `la mujer del César debe ser honesta y también parecerlo. Si la cosa no estaba clara y debidamente aceptada, derogaríamos el decreto y que después el Congreso lo perfeccione», señaló García a la prensa.

El mandatario negó, además, que la norma haya sido concebida como una forma de protegerse a sí mismo de cualquier acción en su contra por la matanza de presos en la cárcel El Frontón, ocurrida en su primera gestión.

«El pueblo peruano votó por mí en más de una ocasión. He estado ante todos los fiscales de Lima y nada ha pasado porque sé afrontar las cosas con argumento y técnica jurídica. No necesito una ley de amnistía; por Dios, es vergonzante», aseveró.

Desde París, Vargas Llosa había denunciado que la norma constituía «una amnistía apenas disfrazada». Según fuentes del la ONG Instituto de Defensa Legal-Reporteros, García se comunicó telefónicamente con el escritor para adelantarle que el decreto sería derogado.

La polémica medida, impulsada por el ministro de Defensa, Rafael Rey, establece que los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser considerados como tales a partir de 2003, cuando Perú suscribió convenios internacionales al respecto, con lo que los cometidos antes gozarían del derecho a la prescripción.

Al amparo de ese decreto, varios procesados pidieron su excarcelación, incluidos todos los miembros del paramilitar grupo Colina, autor de varias masacres perpetradas durante el Gobierno de Fujimori (1990-2000). Ninguno logró su objetivo, ya que los tribunales no llegaron a dar una respuesta.