Congreso: frenética previa de “hot summer” con agenda de comisiones desbordada

Defensa de la Competencia; alquileres; Compre Argentino; defensor del Pueblo y reforma del Ministerio Público serán tratados esta semana.

En medio de las negociaciones Gobierno-provincias-CGT, y como previa del "hot summer" económico y fiscal que habrá desde el 10 de diciembre próximo, el Congreso ofrecerá una semana con agenda desbordada de comisiones en Diputados -tiene hasta el 20 del corriente mes para dictaminar-, y con el Senado a la espera de definiciones políticas para avanzar con el defensor del Pueblo y la reforma del Ministero Público.

A principios de mes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, marcó como "prioritaria" una ley antimonopolio. Pasado mañana, un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; de Comercio; de Legislación Penal; y de Presupuesto y Hacienda de Diputados intentará empujar un dictamen sobre la base de un mix de proyectos de Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica).

La ley de Cambiemos prohíbe los acuerdos entre competidores o todo tipo de conducta que tenga por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Cuando se quiera realizar una concentración económica donde la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a 150.000.000 de Unidades Móviles -inicialmente cada unidad móvil valdrá $15 y se actualizará en forma anual de acuerdo con el índice inflacionario-, se deberá notificar previamente a la Autoridad Nacional de la Competencia (para que ésta la autorice), que será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del PEN. Tendrá su sede en la CABA, pero podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar del país mediante delegados, como instructores que podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o municipales.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa deja claro, por ejemplo, que quienes realicen acuerdos prohibidos o abuso de posición dominante serán sancionados con una multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto, monto que no podrá exceder el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores.

Cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante, o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de la ley, la autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.

Además, un Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta cinco años, y si la infracción es realizada en licitaciones públicas, la exclusión podrá ser de hasta ocho años. Otro capítulo del proyecto establece un régimen de clemencia.

En tanto, las comisiones de Obras Públicas; de Pymes; y de Presupuesto y Hacienda debatirán mañana la ley de Compre Argentino. Según pudo saber Ámbito Financiero, ya existe un borrador de dictamen -con acuerdo de oficialismo y gran parte de la oposición- que incluye mayores porcentajes de preferencia que los del texto enviado en abril pasado por el Poder Ejecutivo; incorpora a más sujetos que se favorecerán con el régimen; impone nuevas multas; y activará a una comisión bicameral de seguimiento del sistema, entre otros puntos.

Una discusión más espinosa tendrá la Comisión de Legislación General con la ley de alquileres, ya que están en diputa inquilinos versus sector inmobiliario. El proyecto votado en el Senado expresa que no podrá "requerirse del locatario el pago anticipado por períodos mayores a un mes" y tampoco "depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler".

La iniciativa además señala que el plazo mínimo de los contratos de alquiler deberá ser de tres años y no de dos, como ocurre actualmente, y se establece que el precio "sólo podrá ser reajustado anualmente", a diferencia del ajuste semestral que empezaron a aplicar las inmobiliarias en el último año.

Sobre este punto, se fija que el reajuste anual deberá hacerse sobre la base de la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y del coeficiente de variación salarial (CVS), "promediados en partes iguales". Diputados intentará cambiar la norma -si es que llega a lograr dictamen y a tratarla en el recinto antes que finalice el mes- y su sanción quedaría, en principio, para el año próximo.

El Senado, en tanto, presenta un panorama un poco más despejado de comisiones para esta semana, con dos temas a resolver: la reforma del Ministerio Público Fiscal -mañana continuará el debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que comanda el peronista Pedro Guastavino-, y la designación del Defensor del Pueblo. Dicho cargo está vacante desde 2009, y tras una lista inicial de 20 candidatos quedaron en carrera los exdiputados Humberto Roggero, Jorge Sarghini -cercano al massismo, cerca de quedarse con la designación- y Alejandro Amor.

La reforma del Ministerio Público, un proyecto impulsado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), y por el peronista Miguel Pichetto, elimina la duración vitalicia tanto del titular de la Procuración como del de la Defensoría General de la Nación, y establece un límite temporal de cinco años, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

Por otra parte, la remoción del procurador, que originalmente era por el voto de la mayoría absoluta de los senadores y la mayoría simple de los diputados, será a partir de los cambios aceptados la semana pasada, por la aprobación de los dos tercios de los presentes.