También habrá “supresión de cargos que ya no resulten necesarios para el cumplimiento de misiones”.
El senador radical y flamante encargado de reorganizar la descontrolada Biblioteca del Congreso, Juan Carlos Marino, aplicó una nueva fase de ajuste en esa dependencia, tras la reducción del 13% de los cargos que logró el legislador desde fines de 2017 y que contó Ámbito Financiero en su edición del 25 de mayo pasado.
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Marino suplantó a la exdiputada cristichavista Teresa García tras los misiles enviados por Mauricio Macri tras años de virulentos aumentos de trabajadores en la Biblioteca del Congreso. En cinco meses presentó los primeros resultados sin quejas ni recriminaciones desde la oposición o desde el sindicato APL que comanda el boudouísta Norberto Di Próspero.
"Se realizó una auditoría de personal que permitió transparentar el número de personas que efectivamente estaban cumpliendo a diario con sus tareas. Quienes no asistieron o manifestaron no poder cumplir con el trabajo designado fueron inmediatamente dados de baja. Sumado a esto se instaló el sistema de datos biométricos para el control de la asistencia. Así, cada situación irregular que sea registrada se corregirá, razón por la cual no se descarta que haya una reducción mayor durante los próximos meses", indicó el informe que publicó hace más de un mes atrás este diario.
Un nuevo documento de la comisión administradora de la biblioteca suspendió "el reconocimiento de horas extras o suplementarias de la jornada laboral, pudiéndose autorizar su realización en casos excepcionales, por parte de la Dirección Coordinación General, para cubrir servicios indispensables y esenciales".
También se instruyó la "puesta en marcha de los trámites administrativos necesarios que correspondan para proceder a la venta en remate público del 50% de la flota automotor" que la biblioteca, y se dinamitaron "todo nuevo nombramiento en la plantilla de personal permanente y temporario, por tiempo indefinido", y "toda recategorización y/o ascensos, por tiempo indefinido".
Por último, la resolución formalizó una "reorganización de las estructuras administrativas (...) procediéndose a la supresión de los cargos que ya no resulten estrictamente necesarios para el cumplimiento de las misiones y funciones de cada área".
En mayo pasado, desde la nueva conducción de la biblioteca señalaron que las primeras medidas de ajuste "arrojaron como resultado una reducción del 13 % de la estructura del personal, con un gran porcentaje de reducción en cargos dirigenciales o de alto mando", y agregaron: "Esto implica un 5% más de la media de reducción aplicada en otras estructuras estatales".
Según se comunicó, esos "reacomodamientos se realizaron sin ningún tipo de conflicto con las personas en cuestión" y "teniendo que afrontar un recorte presupuestario de $190 millones", situación que "no afectó en ningún caso la variada y calificada oferta de actividades que la biblioteca realiza".
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