En medio de la descontrola gestión política que hay en Diputados, un proyecto para implementar un nuevo régimen en la industria del software firmado por el escurridizo Luciano Laspina (Pro), Marco Lavagna (Frente Renovador) y el demócrata cristiano Juan Brügge -responde al peronismo cordobés- intentará ser dictaminado hoy para votarlo mañana en el recinto. La ley, que tendrá vigencia desde 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029, tiene como objetivos duplicar los empleos del sector de 215.000 a 430.000 y generar exportaciones anuales por u$s 15.000 millones.
Tras meses de trifulca entre oficialismo y oposición y un recinto de la cámara baja abandonado, Diputados ahora tiene la chance de mostrar un mínimo de consenso para aprobar una ley que la mayoría de bloques celebra -el cristichavismo aún no emitió opinión sobre el tema- en trámite exprés. Para ello, el proyecto -que se denomina “Promoción de la Economía del Conocimiento”- deberá ser dictaminado hoy en el plenario de las comisiones Comunicaciones e Informática; y de Presupuesto y Hacienda, comandadas por Brugge y Laspina, respectivamente.
La iniciativa también representa un mimo hacia la industria. “Después de semanas de pelearnos nos ponemos de acuerdo para votar la ‘Ley Galperin’”, deslizaron a Ámbito Financiero desde algunos despachos de Diputados en referencia al CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, uno de los referentes del área de emprendedores que fomenta el Gobierno nacional. El proyecto también es un guiño para algunas provincias que piensan en exprimir polos tecnológicos actuales y crear nuevos, como por ejemplo, Córdoba.
En tanto, el proyecto que deberá esperar dos semanas más es el de financiamiento político aprobado la semana pasada por el Senado. La ley, que permitirá el aporte de empresas a las campañas, intentará ser sancionada -en principio- el miércoles 8 de mayo próximo, tal como contó este diario en su edición del jueves pasado.
Antes de la sesión programada para mañana -durante la tarde de hoy habrá Labor Parlamentaria-, los diputados buscarán firmar un despacho para la llevar al recinto la prórroga de la emergencia económica, productiva y financiera de la producción de peras y manzanas en distritos patagónicos. Aún resta saber si el convite en el recinto incluirá un proyecto contra narcomenudeo y la nueva ley de semillas.
Laspina, Lavagna y Brügge señalaron que el proyecto “ha sido elaborado en base a los instrumentos consagrados en la reforma tributaria y aquellas herramientas cuya eficacia ha sido comprobada durante la vigencia del régimen de promoción de la industria del software a lo largo de más de una década, a saber principalmente: el establecimiento de una detracción en la base imponible aplicable para el cálculo de las contribuciones patronales a abonar por la empresa beneficiaria, el acceso a un crédito fiscal por una parte de las contribuciones efectivamente abonadas y una alícuota diferencial en el impuesto a las ganancias”.
Además, detallaron que “los beneficios previstos se otorgarán a quienes acrediten estar a la altura de las exigencias relativas al desempeño exportador, procesos de calidad y actividades de investigación y desarrollo, contemplándose la posibilidad de reemplazar este último requisito mediante la capacitación y formación de recursos humanos”, y agregaron: “De esta manera, se introduce un nuevo paradigma que beneficia a las empresas que inviertan en la formación y la retención del talento”.
Por otra parte, los tres diputados explicaron que el nuevo régimen “contempla un tratamiento preferencial hacia los emprendimientos y las micro empresas”. En esa línea, resaltaron: “En primer lugar, releva del cumplimiento de los requisitos a las micro empresas, quienes deberán acreditar solamente el porcentaje de facturación en las actividades promocionadas. En segundo lugar, específicamente en relación a los emprendimientos, el proyecto contempla que todos los beneficiarios del nuevo régimen efectuarán una contribución anual a favor del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, que tiene como objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales”.
Según Laspina, Lavagna y Brügge, la iniciativa “introduce un conjunto de mejoras” orientadas “a la simplificación burocrática, que se traducirá necesariamente en una significativa reducción del costo de auditoría, el cual se fija como tope máximo en un 4% del beneficio otorgado”.
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