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Consejero criticó reforma de Cristina a la Magistratura
El camarista Luis María Cabral aseguró que son «necesarios» cambios en el proceso de selección de los jueces y propuso concursos anuales.
Periodista: ¿Cuál es la importancia de la acordada que la Corte firmó el lunes pasado para acelerar causas por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura?
Luis María Cabral: La acordada de la Corte tiene la importancia de señalar que el Poder Judicial está realmente preocupado e interesado en que los juicios por crímenes de lesa humanidad se puedan realizar con toda la celeridad que la sociedad demanda, así como los justiciables, las víctimas, y que realmente los operadores del sistema judicial tienen interés en que la situación se pueda resolver en un plazo razonable. Por eso la Corte, como cabeza del Poder Judicial, pone a disposición de los tribunales todo lo que necesiten para poder llevar adelante los procesos. Además, tiene la importancia de señalar que no es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. También los poderes políticos deben proveer lo necesario para el funcionamiento adecuado de los tribunales.
P.: ¿Qué piensa sobre las declaraciones del Gobierno sobre este mismo pronunciamiento?
L.M.C.: Creo que hay un relato de orden político-mediático de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, en el cual pretenden una caracterización del Poder Judicial como una corporación. No lo es, es un poder del Estado. Cada uno de los jueces tiene una responsabilidad ante el Estado y es controlado por los otros poderes y por los organismos determinados para eso. No acepto la definición de corporación hacia la Justicia porque esto es desmerecer nada menos que a un poder del Estado, creado para asegurarle al ciudadano sus derechos y controlar que los otros poderes no se excedan sobre sus atribuciones.
No estoy de acuerdo, por ejemplo, con un planteo que hubo en el Senado de repudiar un fallo -de la Cámara de Casación-: el Senado de la Nación no está para felicitar o repudiar jueces. Pero los jueces sí deben responder por su desempeño, y corresponde plantearlo al Consejo de la Magistratura para la eventual remoción de quienes no hayan actuado de acuerdo al derecho.
P.: ¿Y con respecto a la posición de sus compañeros de Magistratura, Diana Conti y Carlos Kunkel, y los anuncios de juicio político para quienes dictaminaron el fallo?
L.M.C.: Cuando lleguen las denuncias correspondientes, las consideraremos. Previamente voy a leer los fallos y analizar su fundamentación. Realmente creo que han sido apresuradas muchas de las declaraciones y que no se condicen con la decisión política de la Argentina de establecer criterios reglamentarios sobre la Convención Americana, que ha establecido que los procesos deben tener un plazo razonable y que las medidas cautelares deben ser limitadas. Estos criterios son un tema harto discutible y presentan distintas opiniones jurídicas hace años. De lo que no hay duda es de que quienes están facultados para decir si los plazos son adecuados o no son los jueces y no los funcionarios de otros poderes políticos. Salvo que ellos resuelvan establecer en las leyes cuál es el criterio de plazos.
P.: ¿Qué actitud debe adoptar el Poder Judicial frente a estas acusaciones?
L.M.B.: Considero que lo único que tiene que hacer el Poder Judicial es defender la investidura de sus magistrados. Porque si los jueces se equivocan, hay recursos para modificar sus errores; si tienen connivencia con partes, hay recursos para que se remueva a quienes actúen por intereses parciales. Pero los jueces lo que tienen que hacer, si han asumido ser jueces, es seguir actuando con celeridad y resolver, de acuerdo con sus conciencias y el derecho, los fallos que tengan a su cargo.
P.: Las presiones a los jueces es un tema que recorrió todo el año, en especial a partir de las declaraciones de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y compañero de lista interna suyo. ¿Cuál es su opinión sobre esta problemática?
L.M.C.: El tema de las presiones no es algo que surja de los dichos de Recondo; las presiones existen objetivamente cuando funcionarios del poder político realizan declaraciones sobre cada uno de los fallos que se adoptan, cuando se pretende imponer un determinado sentido a las sentencias. También implica una presión tratar a los jueces como si fueran empleados públicos; cada uno de ellos ejerce un poder público. A veces se pretende decir que alguien tiene mayor ejercicio del poder porque es elegido de una u otra forma. De ninguna manera. Todos tienen una responsabilidad específica que el orden constitucional ha querido distribuir, y esa distribución obliga a los poderes políticos a no presionar sobre las decisiones de los jueces, sino sobre las leyes en cuyo marco ellos deben resolver.
P.: ¿Esta postura influyó en que no fuera elegido como presidente del Consejo de la Magistratura, pese a ser el representante de la mayoría de los jueces?
L.M.C.: El doctor (Miguel Ángel) Gálvez y yo representamos a la mayoría de los jueces. En este sentido, nosotros hemos señalado nuestra sorpresa porque existieron negociaciones entre los consejeros en las que no se nos tuvo en cuenta. Más allá de eso, nos parece muy importante que sea un juez quien presida el Consejo. La reforma de 2005 ha incurrido en un error doble: primero, por no haber establecido que el presidente sea un juez, y segundo, por haber eliminado la participación de la Corte Suprema en el cuerpo. Para que el Poder Judicial sea independiente, tiene que tener una única cabeza, que es su Corte Suprema. Ella debe tener la última palabra en materia de administración. Es inaceptable, de la misma manera que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no permitirían que los jueces participen en la administración de sus poderes, que haya legisladores y representantes del Poder Ejecutivo que intervengan en la administración del Poder Judicial. Creo que esto es un error que espero la historia política futura supere, pero antes que nada, lo que es imprescindible es que la Corte vuelva a presidir el Consejo de la Magistratura. Los criterios son distintos entre los consejeros, porque obviamente daría una presencia a la Corte Suprema que muchos no quieren que tenga. Pero creo que desde el punto de vista de la calidad institucional y de la conveniencia para el funcionamiento republicano, es sin duda lo que corresponde. Y considero que esta posición, más allá de otras cuestiones, es la razón por la que a los jueces de la mayoría no se nos ha tenido en cuenta.
P.: ¿Piensa que va a haber algún tipo de cambio en el sistema de selección de jueces en 2009?
L.M.C.: Espero que los haya, porque son necesarios. Creo que se deben implementar sistemas que permitan llegar más rápidamente a la selección; por ejemplo, en algunos fueros que actualmente tienen un número importante de concursos, se pueden establecer concursos anuales y luego, a medida que se hagan las vacantes, ir seleccionando ternas. Esto se podría reglamentar adecuadamente, si se modificase la ley. Por lo demás, a veces estos concursos que terminan teniendo gran cantidad de nombres para gran cantidad de cargos, en realidad no son convenientes porque no se sabe bien cuántos concursan para qué y ni cuándo van a terminar de incorporarse. Habría que pensar en una reforma de la reglamentación. Lo que no se puede hacer es no respetar una norma que existe.
Entrevista de María Vicens
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