Despedida. El Consejo que preside Marcela Basterra aceptó la renuncia del administrador Alejandro Rabinovich, quien fue reemplazado ayer.
Tal como adelantó Ámbito Financiero, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en el plenario de ayer un "ajuste", cuya letra fina había quedado stand by desde fines del año pasado. La discusión pública sobre el supuesto sobredimensionamiento de su estructura (en medio de planes de austeridad que bajaron como orden oficial) -como reveló este diario- tuvo más que ver con las consecuencias del "fuego amigo" dentro de Cambiemos con el objetivo de hacer trastabillar a Horacio Rodríguez Larreta. La estructura de poder que incide en el órgano de administración del Poder Judicial porteño ha sido uno de los pilares sobre los que se ha apoyado la eficiencia del organismo, alejado de los escándalos de su homólogo a nivel nacional. La saga de denuncias cruzadas tuvo sabor a pase de facturas interno de la coalición gobernante cuyo origen, según identificaron desde el ámbito porteño, provino de Balcarce 50. De todas formas, los consejeros apuraron el trazo fino de la reforma presupuestaria que no había tenido consenso en diciembre pasado y que mantiene idéntico recorte de viáticos, cajas chicas y personal (jubilaciones y retiros voluntarios) que había sido ideada para conformar a Rodríguez Larreta y al Pacto Fiscal con la Nación.
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Pese a que había algunos de vacaciones, ayer asistieron los 9 consejeros que votaron por unanimidad el Plan de Readecuación Administrativa y de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad, para reducir el gasto en un 20%. El punto central es que reduce la planta permanente del organismo, pero asegura que no habrá despidos de personal, sino que buscarán alternativas para que la plantilla "óptima" quede en 875 agentes. Confirmaron que no habrá más ingresos de personal al Consejo, algo que también generó negociaciones previas con los sindicatos de empleados judiciales que mayor representatividad tienen en la Capital Federal. Leída como una reacción ante los cuestionamientos por la creación de estructuras, lo cierto es que salvo detalles de redacción, el criterio aplicado para el recorte mantuvo el estilo del que se planeó antes. Se eliminó el pago de pasajes al exterior con fondos públicos asignados al Consejo de la Magistratura, así como la financiación de becas internacionales. Se redujo la cantidad de asesores que cada consejero puede designar en su planta y se impuso que se irán cuando finalice el mandato de quien los contrató.
Esas estructuras recientemente creadas quedaron suspendidas: pese a ello, calculan en la Ciudad que si efectivamente se realiza el traspaso de la Justicia nacional a la órbita porteña será inevitable que deba ampliarse el organismo que centraliza la relación con el Poder Judicial que aspira a absorber tribunales que hoy paga la Nación.
También aprobaron -entre loas- la salida del administrador general del Consejo, Alejandro Rabinovich, que será suplantado interinamente por Luis Montenegro, encargado de auditoría. La venia final para quien esté a cargo de las finanzas del organismo la tendrá que dar la Legislatura porteña.
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